Según la prensa, la propuesta del expresidente Gaviria para que la justicia transicional se extienda a todos los actores del conflicto, incluyendo a terceros que de alguna manera tuvieran que ver con nuestra guerra, ha sido bien recibida con pocas excepciones por jefes políticos, entre ellos, el personaje de la izquierda extrema, Iván Cepeda.
La iniciativa tiene ingredientes parecidos a las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida de Argentina y de “Caducidad de la acción Punitiva del Estado” llevada a referendo en la República Oriental de Uruguay.
La “Propuesta Gaviria”, como la llamaremos aquí, tiene un elemento adicional (si no la leímos mal) en cuanto prohíbe revisar las decisiones legislativas y judiciales que se adoptaren en favor de los actores del conflicto, tal vez por lo ocurrido en Argentina cuando el Congreso derogó dichas leyes de Punto Final y los jueces adelantaron procesos que encarcelarían a militares involucrados en delitos atroces, así hubieran sido amnistiados. En Colombia no sucedería lo mismo, dado ese blindaje legal para militares y a subversivos por igual.
Sobre esas decisiones trascendentales me ocupé en el libro que publiqué en 2003 titulado Para pactar la paz, ¿hacia una ley de punto final?, en cuyas páginas aparece también un proyecto de propuesta que redacté sobre el procedimiento para hacer viable el tratado de paz con las fuerzas insurgentes. En esa iniciativa, el pueblo actuaba como principal protagonista de la paz, por convocatoria del Presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones que a éste le otorga el artículo 104 de la Constitución Política; participación que se limitaba a aprobar las reglas del proceso, y no a la refrendación de los acuerdos de paz, como lo concibió el actual Gobierno.
También, el ex presidente Samper, con mucha antelación a la Propuesta Gaviria, ha sido partidario de encontrar soluciones propias de paz (a la colombiana ), así no estén en consonancia con el Tratado de Roma y otros convenios internacionales, habida cuenta de que el derecho a la paz es prevalente para todos los colombianos, pero de cuyo goce no podrían disfrutar durante otros cincuenta años si primare el veto jurídico de los fundamentalistas criollos.
Si no hemos podido ganar la guerra en cincuenta años, por la vía de la Propuesta Gaviria podríamos, en cambio, ganar la paz. Solo faltaría someterla, con precisiones sobre derechos y garantías de los actores del conflicto y de las víctimas, a consideración del pueblo. Es una decisión que debe tomar el presidente Santos en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, teniendo en cuenta, por supuesto, lo ya logrado en La Habana.
P.D. He sido contradictor del expresidente Gaviria durante más de 30 años. Por primera vez apoyo una iniciativa suya.
*Ex congresista, exministro, exembajador.
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