Decía el presidente Santos a finales de marzo durante la entrega del premio al Empresario del año 2014, que “la paz es un gran negocio para todos los colombianos.” Intenta el Jefe de Estado convencer al sector privado de asumir un papel relevante en la etapa de posconflicto. Y lo hace con razón. En términos económicos, los empresarios son quienes más se benefician con la paz. En encuesta de Invamer Gallup y citada por la Revista Dinero, 68% de los encuestados piensa que de no existir el conflicto armado sus compañías mejorarían sus ventas y 79% de ellos estaría dispuesto a invertir más.
La respuesta del sector privado frente a la posibilidad de paz ha sido tenue. Los empresarios son rápidos en manifestar su apoyo en eventos, foros y talleres. Pero menos del 40% está dispuesto a contratar desmovilizados (Revista Dinero). Motivadas por la publicidad o por beneficios fiscales, algunas empresas contratan a uno que otro expara o exguerrillero, o financian cooperativas para soldados, desplazados o víctimas. Estos esfuerzos son anecdóticos y muchas veces son poco sostenibles.
La falla viene desde el mismo Gobierno, cuyo discurso suplicante se basa en un concepto equivocado que asimila responsabilidad social empresarial con caridad. Al limitar el rol del sector privado a donar o al “esfuerzo” de capacitar y contratar desmovilizados, desplazados o víctimas, se fomenta el concepto de la paz como una carga para la compañía, un costo que se espera mitigar con reconocimientos, menciones en la prensa o deducciones de impuestos.
Los empresarios deberían explorar opciones en las cuales la paz genere un valor compartido para la compañía y para la comunidad. Crear oportunidades económicas es importante. Pero para responder a la inequidad, podría ser mas efectivo tener políticas serias de no discriminación que se traduzcan en inclusión de minorías en igualdad de condiciones y no como un favor. Pensar en compromisos verificables de pagar los impuestos que correspondan y hacer control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos; evitar contratar proveedores que exploten tierras adquiridas fruto del desplazamiento forzado. Por ultimo, implementar acciones de concientización para la paz con su personal, contratistas y consumidores.
El reto es quitarle el tinte filantrópico a la paz y que sea central en la misión, visión y actividades de la compañía. En lugar de esperar que el Gobierno sugiera qué hacer, los empresarios podrían fomentar un diálogo con accionistas, directivos y empleados sobre el rol de la empresa en el posconflicto. A partir de esto se definiría para cada caso, un plan de negocios por la paz viable, serio y sostenible. El sector privado tiene la palabra.
*Director de Programas y Alianzas Público Privadas, Fundación para las Américas, Washington, D.C.
Dario_Sotoabril@hks15.harvard.edu