A principios de mayo el Concejo de Cartagena aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo reglamentando las concesiones según la Constitución Política, leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, que le otorgan competencia a los concejos para autorizar a los alcaldes a suscribir contratos, entre otros el de concesión.
El acuerdo aprobado establecía que para cualquiera adición, prorroga u otrosí de las concesiones vigentes o nuevas, debía solicitarse autorización al Concejo, pero el 1 de junio de 2015, al regresar a sesiones encontramos que el alcalde Dionisio Vélez objetó el acuerdo por inconstitucional e ilegal, y la corporación edilicia rechazó las objeciones del burgomaestre el domingo 8 de junio.
Nuestro Distrito en los últimos 18 años firmó unas concesiones lesivas para los intereses de Cartagena y generosas para los concesionarios, no solo para recuperar la inversión sino para generarle utilidades que superan con creces la tasa de usura del Gobierno nacional.
Contratos como el de Aguas de Barcelona, recién prorrogado por el alcalde por 13 años, tiene una tasa interna de retorno superior a 40% anual; o la famosa concesión del Corredor de Carga, que según el estudio de INVERLINK, proyectado al año 2021, recibiría en recaudo de peajes y valorización $915.000 millones y el Distrito les tendría que pagar otros $260 mil millones, por la Tasa Interna de Retorno acordada, y según informe de la oficina de valorización distrital “Este negocio desde 2001 a septiembre de 2013, sumando recaudo de peajes y valorización ha recibido $381 mil pero sólo se reconocen a valor de 1997, por lo cual dan como recibidos $182 mil millones”.
Igual sucede con concesiones por 20 años, como la del alumbrado público que se vence en diciembre de 2018, y está pactada una tasa del 28% de los recaudos del pago de los cientos de miles de cartageneros en la factura de energía por este concepto, o la concesión por 10 años con CIRCULEMOS, que se vence en 2017, y reciben 84% de todo lo pagado por grúa y parqueaderos y además 28,5% de lo recaudado por el servicio de la plataforma tecnológica en el DATT, para no hablar de las concesiones de la propaganda exterior o de la semaforización.
Son contratos muy generosos para los concesionarios y al alcalde que le corresponda deberá revisar si es necesario prorrogarlo o abrir nuevas licitaciones o que el Distrito lo asuma directamente.
Desde hace varios meses hay rumores en el Concejo de que se quieren prorrogar algunas concesiones que no han vencido y espero que las objeciones del Alcalde no tengan nada que ver con esta situación, porque sería lamentable para la ciudad que un alcalde a quien le faltan menos de 7 meses repita su propia historia con ACUACAR.
*Concejal Polo Democrático
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