El avalúo catastral es la base gravable del impuesto predial (IPU), que es el ingreso fiscal del Distrito que más ha crecido desde el 2009 y cualquier variación en la misma afecta directamente la capacidad de pago del contribuyente y la inversión pública local. Las estadísticas catastrales muestran que Cartagena posee 240 mil predios urbanos con un valor catastral de $24 billones.
No obstante, desde el punto de vista fiscal, presenta un índice de recaudo realmente bajo del 48%, percibiendo no más de $240 mil millones. Son muchas las razones por las cuales el recaudo del IPU no muestra cifras consistentes.
En esta columna quiero centrarme en la base gravable del IPU, en cuya gestión persisten muchos males, sin con ello desconocer otros aspectos que también son relevantes como la fortaleza institucional de la Secretaria de Hacienda, la reforma al Estatuto Tributario y la eficacia y calidad en el gasto público así como la conciencia fiscal de los cartageneros.
Específicamente en lo relacionado a la base catastral, persisten muchas restricciones que impactan negativamente el recaudo del IPU: no existe un censo catastral permanentemente actualizado y confiable. La base de datos catastral no está en línea con el Distrito, solo se consulta anualmente.
No permite identificar quien es el propietario o poseedor del bien inmueble en tiempo real y tampoco posee actualizada la dirección del mismo. Se identifica el predio mas no quien paga el tributo. La legalidad del inmueble en cuanto a su notariado y registro no siempre se lleva a cabo y mucho menos se informa a la autoridad catastral.
Existen transformaciones como los desenglobes y nuevos desarrollos inmobiliarios que no siempre quedan registrados oportunamente en el censo catastral. Los baldíos que se encuentran en manos de particulares no tributan ni se encuentran censados, pero si gozan de infraestructura y servicios públicos. Las diferentes entidades que tienen que ver con las variables que componen un censo catastral actúan de manera aislada y descoordinada.
IGAC, Secretaría de Hacienda, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaria de Planeación, Notarias, INCODER, DIMAR, Lonjas de Propiedad Raíz, Curadurías, entre otras, no confluyen articuladamente para mantener el catastro en Cartagena al día en todos sus componentes. Por último se requiere la renovación del Plan de Ordenamiento Territorial para definir estrategias fiscales de largo plazo en la ciudad y tener identificado correctamente el uso del suelo. Cartagena está en mora de asumir la municipalización controlada de su catastro si quiere superar muchas de las restricciones arriba señaladas y así financiar su desarrollo.
*Exsecretario de Hacienda Públicaroberto.useche.vivero@gmail.com