El conflicto armado limitó la democracia y empobreció el ejercicio de la política. Desde hace tiempo, el presidente de Colombia se elige con el mandato exclusivo de hacer la guerra o la paz: a Pastrana se le eligió para acordar una salida negociada, a Uribe dos veces para aniquilar la subversión, a Santos también dos veces, una para derrotar la guerrilla y otra para alcanzar la reconciliación.
Así, el destino de Colombia ha estado signado por la guerra fratricida; por la creencia (a veces emocional) de que el fin de la confrontación está cerca por la vía armada o negociada. El conflicto es un lastre que ha consumido y taponado el debate público, lo que ha impedido que afloren discusiones ideológicas acerca de cómo alcanzar el desarrollo económico y satisfacer los derechos de la población. Ello ha contribuido a que exista una democracia imperfecta en el país, protagonizada por partidos alicaídos que han atrofiado la actividad política y reducido la calidad de las discusiones públicas.
Los partidos de derecha se han limitado a construir un discurso de seguridad que enfatiza la necesidad de combatir a los alzados en armas, y de atraer la inversión extranjera para generar crecimiento económico, pero han omitido definir de qué forma ese crecimiento puede beneficiar y extenderse a los segmentos poblacionales menos favorecidos. Tampoco han definido si propenden por un Estado intervencionista o regulador, y les falta sustentar con suficiencia los efectos de su política de exenciones tributarias.
Por su parte, la izquierda -y algunos partidos de centro- privilegian la salida negociada del conflicto, insisten en un modelo en el cual el Estado provea directamente los servicios públicos, al tiempo que prohíjan políticas asistencialistas para proteger a los más vulnerables. Sin embargo, desconocen que la creciente clase media está ávida de un discurso moderno que garantice educación, salud, empleo de calidad y acceso a nuevas tecnologías.
La confrontación generó en la derecha un discurso monolítico de seguridad y monopolio de la fuerza, y le ha impedido a la izquierda actualizar sus postulados a los nuevos tiempos, pues sigue enfocada en defender la solución negociada y en desplegar esfuerzos para distanciarse de la lucha armada y presentarse como una opción democrática.
Terminar el conflicto puede destrabar la agenda pública, refrescar la discusión, y provocar la reagrupación de fuerzas políticas en torno a propósitos ideológicos. Interesante sería que en el 2018 no eligiéramos presidente pensando en quién puede hacer la guerra o la paz, sino en la persona más idónea para conducir el desarrollo social, territorial y económico que requiere el posconflicto.
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