La oposición en Venezuela dijo que su principal objetivo es la salida anticipada de Nicolás Maduro, para lo cual presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca recortar su período en dos años, y convocar elecciones presidenciales a finales de 2016.
Es entendible que la oposición pretenda que su triunfo abrumador en las elecciones legislativas se traduzca en cambios políticos tangibles en el campo político, económico y social, y que por ello intenten por las vías constitucionales precipitar el fin del gobierno, cuyo período va hasta el 2019. Sin embargo, esa iniciativa puede generar el escenario propicio para que Maduro polarice la opinión pública, mostrando a la Asamblea como un órgano desestabilizador que busca alterar el calendario electoral y socavar la democracia.
Es previsible, entonces, que Maduro desconozca cualquier reforma del legislativo para sacarlo del poder, con lo cual se generaría de inmediato una ruptura democrática, pues un presidente en ejercicio se negaría de facto a cumplir con los mandatos del parlamento. Maduro podría optar -en un acto de desespero- por clausurar la Asamblea Nacional, o fabricar un autogolpe de Estado en el que la línea dura del chavismo depone al presidente y al parlamento para instaurar un régimen autoritario con visos de dictadura, que garantice la permanencia del Partido Socialista en el poder.
Tal escenario de caos puede desatar arduos enfrentamientos en las calles sin que las masas tengan caminos institucionales para canalizar su protesta y descontento, al tiempo que valorizaría el poder de los militares, quienes empuñando las armas podrían terminar inclinando la balanza en favor de alguno de los bandos.
Esa posición de la Asamblea podría afectar la estabilidad democrática del país vecino, pues favorecería las vías de hecho y las salidas de facto, exacerbaría los ánimos y pasiones de los militantes de ambas facciones, y debilitaría los avances que la oposición ha obtenido con esfuerzos.
Por tanto, la oposición debe desistir de recortar el período mediante una enmienda constitucional, y más bien optar por un referendo revocatorio en el que el pueblo venezolano decida si la inseguridad en las ciudades, el desabastecimiento de alimentos y víveres, y el pobre desempeño económico ameritan la salida de Maduro y la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales.
Así se evitaría un conflicto irresoluble entre los poderes ejecutivo y legislativo, se mitigaría el riesgo de una salida autoritaria, se minimizaría el rol de los militares en la definición de un asunto democrático, y se implementaría un mecanismo garantista de la voluntad popular, que evitaría convertir las calles en un campo de confrontación.
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