Contra todo pronóstico Uribe y el Centro Democrático (CD) apoyaron la reforma la ley de orden público, que autoriza al presidente Santos a establecer zonas de concentración para desmovilizar y desarmar a las FARC, al tiempo que lo habilita a suspender la captura de quienes estén en esas áreas.
Pero, ¿qué explica el cambio repentino de Uribe, quien pasó de opositor radical del proceso de paz, a congresista reposado y analítico que desde la oposición busca contribuir a que las zonas de concentración sirvan para el desarme efectivo de la insurgencia? La razón principal de esa transformación es política, pues el CD necesita un nuevo aire después del pobre desempeño en las elecciones locales, porque una cosa es la oposición al gobierno que se percibe en el estrato medio alto (que se agudiza en las redes sociales), y otra la realidad en las regiones cuando se trata de elecciones.
La transmutación política también se debe a que el gobierno, mediante la “coalición por la paz”, aceptó ciertas condiciones que para el CD hacen más efectiva la concentración para la verificación de la ONU, al quitarle a esas zonas el carácter de simples espacios de tránsito para los guerrilleros, sumado al logro de que sean lugares alejados de áreas urbanas, cocaleras y de minería ilegal, con lo cual se minimizan los riesgos en seguridad y se contribuye a reducir el delito.
Es una nueva postura del CD, más reflexiva y abierta al diálogo, con la cual pretende que algunas de sus posiciones sean acogidas en el punto 5 de las negociaciones, relacionadas con el cese bilateral y el desarme, lo que acercaría al partido a los intentos de paz, en un momento en que el proceso es irreversible (a pesar de los avatares que tanta impaciencia causan en la ciudadanía), pues si bien el próximo 23 de marzo no se firmaría el acuerdo final, es probable que se suscriba un cese bilateral definitivo de hostilidades, que generaría beneficios enormes al país.
El costo de ir contra la paz es enorme y los partidos que no ajusten su ideología política a los efluvios del acuerdo definitivo y a los avatares del posconflicto, quedarían por fuera del poder de decisión y perderían la representación mayoritaria, por lo que el CD busca evitar el riesgo que, como opositor de la paz, correría en las presidenciales de 2018, de seguir con un discurso guerrerista que puede incluso reducir su fuerza en el Congreso. Sabe, además, que oponerse a refrendar los acuerdos mediante plebiscito o consulta popular acrecerá ese riesgo.
La disputa partidista durante el posconflicto será ardua, con mayor confrontación política ideológica y un espectro de opciones más amplio, lo que profundizará y fortalecerá nuestra democracia.
*Abogado y Filósofo
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