«No lo llames posconflicto, lo correcto es hablar de posacuerdo porque con la firma del acuerdo final en La Habana no se acaba el conflicto ni se logra la paz». Estas fueron las palabras de un docente de la Universidad de Cartagena con quien tuve la oportunidad de hablar hace días, opinión con la que muchos coinciden.
El Gobierno, las mismas FARC, han llamado a lo que sucede en Cuba “Proceso de paz”, un término dulce y alagüeño, que seduce. Sin embargo, de regreso a Colombia, aterrizando en la realidad de nuestro país, cuando tenemos la oportunidad de hablar con las comunidades, con líderes sociales y con las víctimas, comprendemos que el fin de la guerra con las FARC es apenas un paso, el cual, una vez logrado, le permitiría al país ocuparse de otros temas que también generan violencia e inequidad, toda vez que será menos complejo trabajar en territorios libres del accionar bélico de la guerrilla y el Estado. Y podemos decir, con convicción, que en Colombia se inició la construcción de la paz. El acuerdo con las FARC –que debe llevar al acuerdo con el ELN- propicia una coyuntura ideal para que se trabaje de manera conjunta en una agenda que permita construir, desde los territorios, una «geografía vivible» (frase que le leí alguna vez a Oscar Collazos).
Este momento, esta oportunidad (única, pues jamás se había llegado tan lejos en unas negociaciones con las FARC) se ha tropezado con un obstáculo: las estructuras paramilitares, que podrían retomar los lugares donde el Estado no llega y que la guerrilla dejará de habitar. El paramilitarismo, sin duda, está rearmándose, y es una cosa que se comenta, como si del clima se tratara, en departamentos como Córdoba y Sucre. Llámense como se llamen, AUC o Bacrim y se insista en que no existen, persiguen y asesinan a líderes de izquierda y defensores de derechos humanos. Según declaraciones de Aída Avella para Noticias Noticias Uno, puede estar gestándose una operación de exterminio, tal y como sucedió en los años 80 con la Unión Patriótica. Son más de treinta los homicidios en lo que va del año; más exactamente, desde el 26 de febrero hasta el sábado 12 de marzo, todos perpetrados contra líderes sociales, indígenas, reclamantes de tierras, movimientos campesinos, mujeres que trabajan por la paz y jóvenes comunistas.
El reto principal –a pesar del miedo, de la persecución, del exterminio y del odio de un sector- es lograr construir una agenda real y común para la paz, sacar esa paz negociada de Cuba y llevarla a los territorios de todo el país.El Estado no está solo en este proceso. Cuenta con el apoyo de representantes de los diferentes sectores sociales (sí, esos mismos que están siendo masacrados) dispuestos a trabajar y a servir para construir una paz real y duradera. También están presentes las organizaciones no gubernamentales, comprometidas con la resolución positiva de los conflictos en los territorios.
Cuando indagamos e investigamos sobre trabajos silenciados -los llamo así porque la gran prensa los hace invisibles- que se vienen adelantando en las regiones, se concluye que son muchos los colombianos que trabajan por la paz, miles. Y no me refiero a Humberto de la Calle, ni a Timochenko. Hablo de los campesinos, los ambientalistas, los indígenas, los afrocolombianos, los jóvenes, las mujeres, las víctimas, las madres de los soldados y de los guerrilleros. En otras palabras, los invisibilizados.
Coletilla: Agradezco a Planeta Paz y a Oxfam por haberme permitido compartir con líderes de las organizaciones sociales sus experiencias y poder conocer la visión que ellos tiene de la paz. Esta columna es por y para ellos. Y también por Sharon Mármol Téllez, una joven de 14 años, hija de un líder representativo de la Comisión de Interlocución que fue torturada, abusada sexualmente y asesinada. Ella no podrá conocer un país menos violento porque el mismo país la mató, pero por ella y por las demás víctimas inocentes de este conflicto, debemos seguir e insistir en la construcción de la agenda común para la paz.
Twitter: @_ajaytuque