Las discusiones públicas relacionadas con el sector minero y de hidrocarburos se dan en un entorno polarizado y pugnaz, en el que priman tanto las frases efectistas para demonizar esa actividad económica, como las explicaciones –sin mucho rigor- que inflan los beneficios económicos y sociales del sector extractivo.
Los detractores señalan que genera impactos negativos en el medio ambiente, desincentiva la diversificación de exportaciones, y genera pocas plazas de trabajo, mientras que los defensores sostienen que el sector atrae enorme inversión extranjera, produce materia prima necesaria para dinamizar la economía, y genera cuantiosos ingresos al Estado, lo que aumenta su capacidad de diseñar programas sociales y de invertir en infraestructura.
Esta disputa impide que exista un debate serio en relación con el modelo contractual más adecuado para explotar los recursos naturales, aplazó indefinidamente la identificación de las zonas que deben estar excluidas de actividades mineras y de hidrocarburos, y frenó la armonización de la legislación ambiental con las normas que regulan el sector extractivo. Más aun, impide que la comunidad conozca el monto de las contraprestaciones que pagan las empresas del sector, y la forma como el gobierno y las entidades territoriales invierten esos dineros.
Por eso reconforta que en octubre de 2015, el MinMinas y 17 de las mayores empresas del sector acordaran implementar la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, en inglés), la cual busca publicar información veraz sobre el sector –antes considerada confidencial-, para mejorar el debate sobre el uso de los recursos naturales.
Cada empresa deberá revelar, entre otros datos, cuánto paga en impuestos y regalías, y el gobierno tendrá que rendir un informe público que contenga los ingresos recibidos por esos conceptos, explicando en detalle cómo opera la explotación de los recursos naturales en Colombia, involucrando todas las fases de la cadena de valor, desde la adjudicación de las licencias y contratos, pasando por la producción, el recaudo de impuestos, la inversión de la renta extractiva, y su impacto social y económico.
Esperamos que la transparencia conduzca a mayor eficiencia en el recaudo de impuestos y mejore la planificación en la inversión de los recursos. Y que las empresas tengan incentivos para mejorar su desempeño, contrastando sus aportes con los de sus pares, lo que tendría incidencia en su reputación y estrategia corporativa.
Asimismo, que la información confiable eleve la calidad del debate y empodere a los ciudadanos para exigir al gobierno y a las empresas una gestión adecuada de los recursos naturales.
*Abogado y Filósofo
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