A finales del mes pasado la Defensoría Regional del Pueblo interpuso una acción de cumplimiento ante la demora de los entes distritales en aplicar la Ley 1641 de 2013 o Ley de Habitantes de Calle. Dicha intervención y otras noticias recurrentes sobre las personas que viven en las calles de Cartagena, nos recuerdan la presencia de esos seres humanos que muchas veces preferimos no mirar, pues es más fácil ignorarlos para eludir nuestra dosis de responsabilidad, o decir que le corresponde al Estado atenderlos y solucionar el problema.
Cartagena tiene una tarea pendiente en aplicar esta Ley formulada del 2013, que es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones y los distintos niveles de la administración pública, y en términos prácticos nos exige saber cuántas personas habitan las calles en la ciudad; cuál es su localización, dónde están sus familias y cómo restablecer el vínculo familiar; cuáles son sus necesidades y diagnósticos en salud y trabajo.
Formular la política pública social para habitantes de calle en el Distrito de Cartagena debe convocar un esfuerzo interinstitucional en el marco del valor de la dignidad humana, debe formularse creyendo que son seres humanos en situación de desprotección social por múltiples causas y que requieren acompañamiento en su proceso de reinserción a la vida social y familiar, así como la garantía de la satisfacción de sus necesidades básicas, como lo merece cualquier otra persona solo por ser seres humanos. La política pública para habitantes de calle de Cartagena no puede quedarse solo en plantear la necesidad de tener albergues o lugares de acogida como única solución, pues ya hemos visto como esto lejos de ser una salida, incentiva el fenómeno. Hay que ir más allá, es necesario proponer un plan integral con los componentes económicos, de salud física y mental, de prevención. Esta tarea se facilita porque la Ley 1641 contempla los principios de concurrencia y subsidiariedad, es decir, muchas de las estrategias que ya existen para atender poblaciones vulnerables se pueden extender en cobertura a los habitantes de calle, logrando mayor efectividad.
Formular la política pública social Distrital para los habitantes de calle y ponerla en práctica será una verdadera acción de paz, pues no puede haber paz y seguridad si tenemos en la ciudad muchas personas desprotegidas, en riesgo de ser violentadas, de sufrir accidentes de tránsito y en general viviendo en condiciones inhumanas que solo pueden generar violencia. Seguramente cada uno de ellos tiene una historia de vida de fragilidades y carencias, pero también de talentos y posibilidades que pueden hacer su vida diferente, contando con las oportunidades adecuadas.