Muy preocupante la situación de los últimos meses en varios municipios del norte y centro de Bolívar, especialmente en Arjona, donde han sido invadidos 7 predios aproximadamente.
Amparados por verdaderas redes de invasores profesionales, conformadas seguramente por políticos importantes, abogados, ricos inversionistas, y una que otra ONG que se prestan para estos abusos, cientos de personas de sitios tan lejanos como el Cauca, Eje Cafetero y Turbo, simulan ser campesinos e invaden tierras con títulos legalizados por muchos años. Es impresionante la organización: son transportados en buses, alimentados y financiados. Por las noches hasta tienen celadores para cuidarles las pertenencias que permanecen en la invasión.
El ambiente enrarecido por la falta de conocimientos de lo pactado en La Habana para el agro, sumada a la ley de Restitución de Tierras es propicio para que se den estas situaciones que llenan de incertidumbre a los ganaderos del país. El temor crece y el valor de la tierra baja. Al fin y al cabo, el gremio ganadero ha sido siempre el que pone la carne en el asador de cualquier reforma que se hace en el país.
Muy dura la tarea del gobierno para aplicar la ley de Restitución de Tierras que seguramente fue creada para hacer justicia a las personas despojadas de sus tierras de manera violenta. Existe el peligro de que estas bandas de invasores profesionales se aprovechen de esta ley para su propio beneficio, creando de paso otra clase de desplazados: los poseedores legales y de buena fe de esos predios ahora invadidos.
Nada genera más violencia que un estado débil que no protege la vida, bienes y honra de sus ciudadanos. Esto explica la aparición de paramilitares en el pasado, especialmente en el sector rural, cuando el estado débil no ofrecía garantías a los que vivíamos del campo. La traída a estas tierras, por parte de esas bandas de invasores profesionales, (que más parecen unas verdaderas asociaciones para delinquir) de personas ajenas a nuestro medio y de quienes no se conoce su pasado, puede generar mucha violencia y criminalidad.
El gobierno está obligado a proteger el principio sagrado de la propiedad privada y aguantar estos abusos en el menor tiempo posible, no sea que crezca demasiado el desmadre. Es preciso identificar y judicializar a los promotores y organizadores de estas bandas, especialmente a las cabezas políticas para que la opinión nacional los conozca. Hay mucho en juego, principalmente el proceso de paz que está a punto de culminar. Creo en este gobierno y estoy convencido que nuestras autoridades entienden la gravedad de lo que pasa. Es el momento para que el gobierno honre lo que el Presidente ha dicho reiteradamente: la propiedad privada no se negoció en La Habana.
HORACIO DEL CASTILLOhoraciodelcastillo52@gmail.com