Las ciudades cada vez adquieren más poder, pues en sus territorios se concentra la mayoría de la población mundial, convirtiéndose las urbes en generadoras de oportunidades y frustraciones, y tornándose los alcaldes en los funcionarios que más inciden en la calidad de vida de los habitantes.
La globalización ha conectado a los alcaldes de las megaciudades en grandes foros como la Cumbre Mundial realizada en Bogotá y el Hábitat III, evento de ciudades, ocurrido en Quito. En esas reuniones se debatió cómo construir ciudades sostenibles que prioricen la movilidad de las personas en su territorio, disminuyan la pobreza, generen inclusión social, y reduzcan los niveles de contaminación ambiental.
Las urbes tienen retos: decidir si priorizan el uso de la bicicleta, el respeto al peatón y la restricción al uso del carro en ciertas zonas, creando carriles exclusivos para ciclorrutas y buses articulados de transporte público. O invertir sólo en autopistas, lo que dificultaría el movimiento seguro sin vehículo, segregando a la población de pocos ingresos, y afectando la calidad del aire, sin generar espacios de integración urbana.
Parece consolidarse una nueva forma de ejercicio del poder público, en el que alcaldes de ciudades influyentes trazan modelos de desarrollo y diseñan políticas públicas internacionales que tocan temas de movilidad, cambio climático, adecuada prestación de servicios públicos, esquemas de financiación de proyectos de infraestructura y vivienda, y modelos participativos de democracia local, sin pasar por el tamiz y aprobación de las autoridades nacionales.
Es posible que grandes ciudades de distintos países sellen acuerdos para profundizar sus relaciones comerciales, asesorarse mutuamente en seguridad urbana y establecer compromisos para reducir las emisiones de dióxido de carbono en sus territorios, sin que sus decisiones cuenten necesariamente con el visto bueno de los Estados.
No sostengo que la existencia del Estado esté amenazada, pues esa forma de organización conserva grandes poderes: control sobre el grueso de la tributación, monopolio de la fuerza, autoridad única para comprometerse en el derecho internacional, y autonomía para determinar la política económica.
Lo que argumento es que los desafíos comunes de las grandes ciudades han generado un diálogo global entre burgomaestres que buscan exportar sus políticas exitosas a otras latitudes, y nutrirse de las fórmulas que han funcionado en otras urbes, constituyéndose a veces en centros de pensamiento que generan políticas similares en sus ciudades y actúan como un poder alterno al ejercido por los Estados.
¿Será que Cartagena está incursionando en estas políticas trasnacionales? Parece que no porque requerimos liderazgo y depender menos de transferencias nacionales.
*Abogado y Filósofo
JORGE TIRADO NAVARRO*
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