El reclamo reiterado de los cartageneros al gobierno distrital para que aumente la inversión pública en obras de infraestructura continúa llegando a oídos sordos.
Un estudio reciente realizado por el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República sobre necesidades de inversión y escenarios fiscales de Cartagena, identifica como prioritarias las inversiones en educación, salud, reducción de la pobreza, medio ambiente, seguridad y movilidad, advirtiendo que para hacerlas se requiere un esfuerzo monumental para conseguir recursos.
Las persistentes inundaciones en época de lluvia, la arremetida constante del mar en la zona costera–turística, la congestión vehicular derivada del mal estado e insuficiencia de vías, la pobreza material en la que viven más de 200.000 cartageneros, son ejemplos de que vamos mal.
El presupuesto de inversión del Distrito en 2016 ascendió a cerca $1,1 billón, siendo su mitad asignada a inversiones forzosas. Según el DNP, en los últimos 10 años Cartagena fue la capital del Caribe que menos invirtió como porcentaje de su gasto (82,7%), si se compara con casos notorios de avance urbano, como Montería, Barranquilla y Santa Marta.
Estas ciudades viven una verdadera revolución en inversión en infraestructura pública, que ha generado un salto cualitativo en la calidad de vida de sus habitantes. Mencionarlas es destacar las amplias avenidas y nuevas transversales, parques lineales respetuosos del medio ambiente para el disfrute de su gente, obras de protección ante episodios de clima severo, sin pasar por encima de algo más importante: la acelerada reducción de la pobreza de sus habitantes.
Sería injusto no reconocer los esfuerzos locales para solucionar algunos problemas, como sucede con la puesta en marcha de Transcaribe, el mantenimiento de varias vías y la inversión en educación. Sin embargo, estos son una pequeña cuota frente a las necesidades más apremiantes.
En este escenario, responder a las demandas de inversión local pasa por mejorar notablemente la eficiencia del gasto, doblar esfuerzos para incrementar los recaudos, combatir con firmeza la corrupción y realizar una agresiva gestión de recursos ante el gobierno nacional y la banca multilateral que se destine a proyectos de alto impacto.
Reconocer esta debilidad debe ser un primer ejercicio de autocrítica que hagan las autoridades, para comprometerse con los cambios que exigen los ciudadanos.
No merecemos menos que nuestros vecinos.
*Profesor de la FEN- UTB
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