La contratación pública local muestra mecanismos torcidos que van contra los intereses de la comunidad y del gremio de la ingeniería y arquitectura al cual representamos y llegaron a extremos alarmantes. No valieron las revelaciones nacionales que prendieron las alarmas y que podría pensarse servirían para mejorar estos mecanismos de participación de los interesados en contratar, pero aquí la cosa sigue igual o peor.
El 7 de marzo a las 7 de la mañana se publicó la convocatoria de un proceso de menor cuantía, el número INFRA MC-01 DE 2017, para obras pequeñas de mantenimiento y adecuación hidráulica del mercado sectorial de Santa Rita y 24 horas después debían presentarse las propuestas, el 8 de marzo a las 8 de la mañana. No obstante lo anterior y pese a ser un trabajo simple, se exigió un director de obra, ingeniero civil con más de 20 años de experiencia y un residente, arquitecto especializado con más de 15 años y como si fuera poco, un diagrama de programación con las condiciones y restricciones del modelo de programación CPM, nacido cuando la empresa norteamericana DUPONT necesitaba ampliar cerca de 300 fábricas, con unas 30.000 actividades, no adecuado para estos trabajos domésticos.
Es un despropósito que solo busca descartar a cualquier participante diferente al privilegiado por la administración, pues aplicar tal programación a una propuesta simple, es desproporcionado, además de que necesita varios días, incluso semanas, para armarla. A quien se quiere favorecer, se le da la información antes. La consecuencia obvia es que se presenta un solo proponente.
En el proceso SA-MC-015-2016 para obras en sedes comunales en Arroyo Grande y Tierra Baja, pasó lo mismo, un solo proponente; igual que en el AL3-SAMC-006-2016, para construir pozas sépticas en las comunidades de la bahía; en el SA-MC-012-2016, para mantenimiento de las áreas peatonales de la Ciénaga de las Quintas; en el AL3-SAMC-001-2016, en la Licitación Pública AL3-LP-001-2016, para pavimentar en concreto rígido vías; y en todos los demás procesos.
Hizo carrera con desenfado y desvergüenza, una burla a la ley, con grave perjuicio para los constructores fuera de la rosca, imposibilitados así para contratar con igualdad. Alguien con fines oscuros interfiere en la contratación y la administración se presta para tal desaguisado. El costo de las obras, ante la falta de una competencia sana, se eleva en forma desmesurada.
La insania moral nos invadió y con estas prácticas se facilitan las coimas, que llegan, según los corrillos, hasta el 30%, con lo que no hay garantía para ejecutar bien los trabajos. Muchos constructores no protestan o denuncian estos hechos visibles ante los organismos de control porque los creen inoperantes, o por tener la recóndita esperanza de obtener algún contrato.
*Presidente SIAB
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