Debemos plantear una crítica a la Reforma Tributaria contenida en la Ley 1819 de 2016, la cual de forma imponente generó un hueco profundo en el bolsillo de los colombianos, quienes ven disminuir sus ingresos al comprar bienes y servicios; todo con las mismas razones, por no decir excusas, de generar empleo, formalizar los trabajadores, disminuir la brecha social entre ricos y pobres, proteger la economía nacional y controlar la inflación.
La finalidad es respondernos si ¿necesitamos un Estado que genere normas o un Estado con entidades que actúan?.
Para esto basta con revisar la gestión de la UGPP desde su creación en 2007 y podemos entender que esta unidad especial ha podido generar un mayor impacto en la formalización laboral y en el pago correcto de aportes al sistema de protección social, que las reformas tributarias de 2012 y 2014, así como las reformas al Código Sustantivo del Trabajo y de la seguridad social distribuyeron pobreza a los trabajadores y no implicaron una fuente de crecimiento económico para los empresarios.
El panorama expuesto es tan real, que el accionar de la UGPP desde el 2016 y durante el primer cuatrimestre del 2017 se enfocó sobre los independientes, lo que impacta a más de 3 millones de personas y pretende mejorar el recaudo de aportes en 7 billones de pesos; y según la propia entidad, la evasión de los independientes es el 80% del total de la evasión y hoy está en este sector de la economía en un 61%.
Si pueden cumplir la meta propuesta, que debe estar acompañada de un cambio cultural, el sistema de protección social tendrá una financiación importante; y con seguridad más alta que la establecida por cualquier reforma tributaria o creación normativa que siga impactando el bolsillo de los colombianos, y de la inversión extranjera que puede producir un efecto de capital golondrina.
Cuando las entidades gubernamentales cumplen las normas se pueden hallar los problemas por la falta de reglamentación o su desactualización, es decir, las reformas legales deberían depender principalmente de un análisis y seguimiento a los procesos administrativos de las entidades gubernamentales, así se podrían ver los sujetos activos que la norma no cobija y las prácticas más frecuentes para evadir la ley; por ejemplo las PYME y Mipyme representan una de las mayores fuentes de empleo y la práctica con las que pretenden evadir el accionar de la UGPP es iniciar el proceso de liquidación voluntaria o la judicial.
Este debería ser un foco para atacar, generando una responsabilidad directa sobre el patrimonio de los propietarios que de manera tramposa ignoran sus obligaciones con el pago de aportes, para ello la UGPP podría desde el requerimiento de información citar formalmente a los propietarios y socios de las empresas que fiscaliza, es decir, con citaciones directas a los deudores solidarios.
En un Estado debe prevalecer la acción de sus entidades por encima de expedir normas que afectan a la ciudadanía, sin atacar el problema que tenemos llamado “corrupción”.
*Director de Investigaciones Jurídicas
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