La ley 1 de 1991 obliga a la Nación a realizar las obras de protección costera, no es responsabilidad del Distrito hacerlas. Sin embargo, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la alcaldía Distrital asumirá 60.000 millones que se complementan con el logro de la bancada de congresistas de Bolívar.
Pero no todo está resuelto. Existen águilas buscando pescar en este río revuelto, con la intención de querer apoderarse una parte de estos recursos. Sobre todo en estos momentos en que se avecinan las elecciones y Santos empeña al país.
Ahora, más que nunca, se necesita la reforma estatutaria de Edurbe, otorgarle independencia de los ciclos políticos y blindarlo de la politiquería, para el sano desarrollo de estos proyectos.
Edurbe es una joya en bruto, pero corre un riesgo grande. En los próximos meses, ésta empresa privada del Distrito, sin aplicar la ley de contratación pública, contratará la bicoca de medio billón de pesos. Esta realidad merece toda la atención, pues manos oscuras intentarán incidir en los procesos de licitación que se adelanten.
El fracaso de estos proyectos implica quedar sin los activos que requiere el desarrollo de la ciudad, endeudados en $60.000 millones con el BID, y comprometer $300.000 millones de agua potable y saneamiento básico.
Así pues, ya es hora que Edurbe haga la reforma a la que se comprometió con el ‘Consejo consultivo’. El sector privado que participa en el famoso Consejo tiene la obligación de exigir que la administración cumpla este compromiso. Estos recursos que se consiguieron para el bienestar de los cartageneros, con tanto esfuerzo, hay que cuidarlos como a un hijo. De aquí depende el bienestar de Cartagena
La independencia de las empresas de propiedad pública es un elemento fundamental para ejecutar recursos de manera transparente. Medellín es un claro ejemplo, tiene una fuente de recursos de libre destinación, que sirve para financiar los proyectos de esa ciudad, del tamaño de casi todo el presupuesto de la capital de Bolívar.
Cartagena tiene en su poder una empresa que podría emular la experiencia de Medellín y convertirla en un distrito con finanzas públicas robustas para poder emprender grandes proyectos sociales y de ingeniería que tanto requiere.
Nos toca ahora proteger la protección costera y los recursos de drenajes pluviales. La ciudad no aguanta más fracasos.
La realidad social de Cartagena: trescientos mil pobres, doscientos mil personas que viven de cuenta propia, requiere de obras que solucionen problemas y que contribuyan al trabajo de los cartageneros. Si a esto le meten el factor corrupción, todo el esfuerzo sería en vano.