La participación efectiva de las comunidades locales para rechazar proyectos mineros en sus territorios se ha convertido en desafío para el establecimiento colombiano; hoy 45 municipios adelantan procesos de consulta popular para decidir el futuro de este tipo de proyectos.
Los efectos negativos de la minería –especialmente la ilegal- sobre el bienestar, están comprobados, y se agudizan por la ineficacia de las autoridades para reducirlos. No sólo es la contaminación (como la derivada del uso de mercurio, en el caso del oro) la que estimula la resistencia municipal. También lo es la inequitativa distribución de la riqueza que reproduce, la cual se suma a otras existentes.
Si los proyectos mineros como generadores de prosperidad parecen haber fracasado, ¿por qué aprobar y estimular iniciativas que benefician a unos pocos y provocan tan graves problemas al desarrollo de la gente? A esta idea ha conducido un sistema de explotación incapaz por su misma naturaleza, o por el manejo ineficiente de los beneficios privados y públicos, de convertirse en una verdadera locomotora de desarrollo.
Sin embargo, la valiente decisión de algunas comunidades locales de decir no a la minería pone en aprietos a la economía nacional. Esta actividad, que ha venido ganando importancia en los últimos 20 años, aporta 2,3% de la producción y 26% de las ventas externas del país, recursos que son apreciables para apalancar inversiones en momentos en que el gobierno necesita generar ingresos fiscales para financiar el posconflicto.
Lo cierto es que no tenemos un “Plan B”. No existe una estrategia para transitar de un modelo extractivo y dependiente de recursos naturales a uno más diversificado, competitivo, que reemplace los ingresos mineros y consolide una base de crecimiento económico, de empleo y mejor distribución.
La suerte parece estar echada, ya que cada vez son más las localidades que rechazan estos proyectos y mayor el apoyo que reciben de la opinión pública. Tampoco hemos visto una respuesta contundente del Gobierno nacional o desde el mismo sector privado argumentando las “bondades” de esta actividad, y mucho menos, anunciando cambios en los sistemas de extracción que minimicen el daño a las comunidades y promuevan una mayor inclusión productiva.
Estamos rezagados en una estrategia de transformación productiva que permita sustituir paulatinamente la dependencia de los recursos naturales y consolidar una economía y desarrollo más sustentable. La participación de las comunidades en las decisiones económicas de su territorio es una oportunidad invaluable para avanzar hacia ese objetivo.