La implementación del acuerdo de paz firmado por las FARC y el Gobierno nacional en noviembre del año pasado, y las conversaciones que se adelantan con el ELN, ofrecen una perspectiva optimista sobre la consolidación del posconflicto en Colombia.
El gobierno ha impulsado políticas públicas para lograr una paz duradera creando las condiciones de reincorporación de los excombatientes a la vida civil y su participación política, así como la reparación y restitución de derechos a la población víctima del conflicto y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Hasta aquí todo luce bien, pero hay temas de fondo sobre los que poco se discute y se actúa. ¿Con qué capacidades, por ejemplo, cuentan los municipios para poner marcha estas políticas? ¿Qué capacidades institucionales existen en las zonas rurales para su ejecución?
Si ello estuviera en las prioridades del Gobierno nacional, se vería en las estrategias de implementación del acuerdo. La presencia militar y la seguridad no son suficientes para zonas donde la presencia efectiva del Estado fue pobre y en algunos casos victimizante durante el conflicto. La lucha armada debilitó las instituciones locales y generó desconfianza de la población hacia casi todo lo que representa un Estado, cuya ausencia fue reemplazada en muchos casos por los grupos armados al margen de la ley.
Una evidencia de lo planteado la revela el Indicador de Desempeño Integral Municipal del Departamento Nacional de Planeación, que mide el cumplimiento de lo contenido en los planes de desarrollo local, la consecución de la mayor cantidad de bienes y servicios en relación a los recursos utilizados, la ejecución de los recursos del Sistema General de Participación, y la capacidad de gestión administrativa y fiscal de los entes territoriales.
Por ejemplo, en Montes de María, la subregión más afectada por el conflicto en la Costa Caribe, los 15 municipios que la integran tienen un desempeño inferior al promedio nacional, y cinco de éstos son clasificados en condición crítica (tienen un índice de desempeño menor a 40).
Para que la visión de paz territorial impulsada desde el Gobierno nacional no quede solo en el discurso, es necesario fortalecer las capacidades locales, lo cual comprende varios ámbitos: institucional, de capital social, participación, organización, y de autonomía y esfuerzo fiscal de los gobiernos locales.
Sobre cómo lograrlo no hay claridad; por el contrario, es un componente que genera incertidumbre, una nube que presagia una tormenta, que por el bien de la paz del país esperamos que empiece a disiparse.