En los últimos meses Cartagena se ha convertido en escenario predilecto de escándalos nacionales, por las revelaciones de hechos de corrupción. No se ha superado uno cuando aparece otro de mayores proporciones, mientras buena parte de la ciudadanía parece contemplar anestesiada los acontecimientos.
La ciudad tiene todos los elementos para convertirse en un laboratorio de estudios multidisciplinarios, que permitan descifrar lo que resulta incomprensible para muchos. Los expertos en psicología social podrían indagar, por ejemplo, las razones que conllevan a un conglomerado humano a mantenerse impasible, ante una avalancha de acontecimientos que envilecen su condición, afectan su bienestar y limitan sus posibilidades de desarrollo.
Estudios similares se podrían hacer desde la comunicación, para comprender por qué desde medios masivos nacionales se aprovechan tales circunstancias para centrar los señalamientos en Cartagena, pretendiendo evadir de manera sutil o descarada, situaciones similares o peores que ocurren en otras ciudades y departamentos del país.
Desde la Filosofía jurídica se pudieran igualmente buscar explicaciones a la fascinación de los representantes de la justicia y de los organismos de control, porque los resultados de sus investigaciones tengan mayor difusión en los medios, independientemente de si logran controlar los delitos descubiertos o si sus responsables son sancionados. Sin expertos, se infiere que en medio de la profunda crisis, que también afronta la justicia, la prioridad está en recuperar la imagen, amplificando los impactos de sus decisiones, aunque en ocasiones no pasen de los titulares.
Los nuevos eslabones en la cadena de escándalos son los aparentes sobrecostos en el Plan de Alimentación Escolar (PAE), que a pesar de haber sido descubiertos en más de una decena de territorios, los medios han hecho eco casi exclusivo de lo ocurrido en Cartagena por los singulares detalles en los precios de las pechugas y la canela que compraban los operadores.
A pesar del escozor que causan las revelaciones, no se ven acciones concretas contra los responsables directos de los hechos de corrupción, pero tampoco una reacción de la comunidad, acorde a la dimensión de los hechos, en los que las víctimas son esencialmente niños y niñas de los barrios más pobres de la ciudad.
Si bien el adormecimiento social impide que la comunidad manifieste en las calles su descontento por el despeñadero político, ético y moral por el que se precipita Cartagena, aún existe la esperanza de una reacción tardía pero necesaria, para identificar a quienes representan esos intereses nefastos que han prevalecido en el poder público local y encontrar mejores opciones en las próximas elecciones atípicas a la alcaldía de Cartagena, que el presidente Juan Manuel Santos está en mora de convocar.