Hace pocos días la comunidad de San Cristóbal (corregimiento de San Jacinto) bloqueó la vía entre El Viso y Toluviejo a la altura de Matuya, en Marialabaja, para denunciar el mal estado del carreteable que les sirve para el transporte de personas y productos desde y hacia su territorio.
Según los líderes campesinos, el estado del camino ha empeorado por las fuertes lluvias de esta temporada, al punto que la comunicación del corregimiento con las cabeceras municipales vecinas está prácticamente interrumpida.
Al invierno se le suma el tráfico de tractores que entran y salen de la zona cargados de piña o frutos de la palma de aceite, cuyos cultivos se han expandido en la zona y hoy prácticamente cercan el corregimiento. Entre 2007 y 2016 el área cultivada de palma de aceite que rodea esta comunidad, la del municipio de Marialabaja, pasó de 2.700 ha a más de 11.000 ha.
San Cristóbal es una comunidad afrodescendiente donde viven unas 350 personas que enfrentan privaciones sociales y económicas. Cerca del 61% de sus habitantes obtiene ingresos inferiores a $300 mil mensuales; no tienen infraestructura de servicios públicos domiciliarios, puesto de salud, ni escuela de calidad.
El desespero de sus habitantes es entendible al no poder llevar a los mercados más cercanos el producto de sus cultivos (yuca, maíz, plátano, ñame, etc.), limitando sus oportunidades de obtener ingresos.
Actualmente San Cristóbal adelanta un proceso de reparación colectiva de víctimas del conflicto armado, y es una fotografía perfecta de cómo las zonas de economía campesina continúan al margen de las lógicas de desarrollo regional y nacional.
¿Podrá la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc revertir situaciones como la suya? En teoría, la Reforma Rural Integral, punto uno del acuerdo, debería ser la ruta, ya que promete transformar el campo y cerrar las desigualdades entre lo urbano y lo rural.
Sin embargo, son muchas las sombras que hay en este camino, y una de ellas es los tiempos de ejecución del Acuerdo. Si nos atenemos a antecedentes como la restitución de tierras, iniciada en 2012 y hoy con pobres resultados, hay motivos de sobra para preocuparse.
Las vías para el desarrollo rural requieren instrumentos y preparación de las instituciones estatales, que contrarresten la tramitología administrativa, la corrupción y la paquidermia en la ejecución.
El campo -y de eso da testimonio San Cristóbal- las necesita si se aspira a una transformación de fondo que garantice que la paz sea estable y duradera, como tanto nos han prometido.
*Profesor -UTBCOLUMNA EMPRESARIALJORGE ALVIS ARRIETA*jalvis@utb.edu.co