Semáforos, andenes, exteriores de supermercados y buses de transporte público son testigos del nuevo ascenso de la informalidad en Cartagena. Sí, la llamada economía del “rebusque” ha vuelto a tomar impulso de manera alarmante.
Según el DANE, el pasado mes de febrero se identificaron cerca de 233.000 trabajadores informales, 14.000 más que hace tan solo dos años. Esto significa que 56,3% de los ocupados son trabajadores que viven del rebusque, un guarismo que está por encima del promedio de Colombia (42,2%).
La expresión más notoria de este repunte es la llegada de miles de migrantes venezolanos, que en su búsqueda de mejores oportunidades se han estacionado en diversas zonas de la ciudad. Sin embargo, hace ya bastante tiempo que la informalidad pasó de ser un asunto del paisaje y se convirtió en un serio problema de inserción laboral en La Heroica, desatendido por los gobiernos locales, como lo está siendo la ola de refugiados del país vecino.
La realidad es que el sector productivo local ha sido incapaz de insertar toda la fuerza de trabajo disponible, provocando que muchas personas –con o sin formación- busquen alternativas en la informalidad para no morirse de hambre. A la incapacidad del sector productivo hay que sumarle las escasas oportunidades para quienes desean arriesgar capital de trabajo en iniciativas de emprendimiento.
Por ejemplo, la más sistemática de las iniciativas locales en los últimos años, la ‘Política de Inclusión Productiva’, ha sido prácticamente desmontada en medio de la inestabilidad administrativa padecida por el Distrito.
Detrás de la informalidad está el drama humano de quienes la padecen. Ciudadanos obligados a vivir con bajos ingresos, sin protección social, cumpliendo extensas jornadas de trabajo, algunas veces en condiciones extremas. A eso se suma la el desalojo de que son objeto por parte de las autoridades, que periódicamente intentan recuperar espacios públicos o mejorar la movilidad.
El “rebusque” podrá amortiguar la escasa demanda formal por trabajadores locales, pero esta “solución” no puede ser indefinida, porque de ella se desprenden otros problemas que afectan el bienestar de la ciudadanía.
Es prioritario retomar las iniciativas gubernamentales y del sector privado que impulsen la integración económica de los grupos más vulnerables. Estas acciones requieren de una clara intencionalidad, esto es, la reimplementación de estrategias ya definidas y la asignación de recursos de inversión para generar más oportunidades formales para la gente.