Cuando leí, por vez primera, que el gobierno distrital presentaría un Plan Maestro de Educación (PME) al Concejo para su estudio y aprobación, entendí que se trataba de un paquete con diagnósticos, metas y financiación técnicamente preparados. Se presumía que habría solución para los problemas de cobertura y calidad de nuestro sector educativo, con base en sus recomendaciones.
Al fin una noticia tranquilizadora en medio de las quejas que suscitaba la deficiente asistencia del Distrito a las escuelas y colegios de su jurisdicción. Compartirían el interés oficial la infraestructura, los programas de alimentación estudiantil, el rendimiento de los docentes, los refuerzos a la jornada única, en fin, todo aquello que sirviera de malla protectora al derecho fundamental de una población juvenil en ascenso y esperanzada por aprender.
El viernes 20 de abril, en la sesión del Concejo convocada para el examen del plan, los reparos marcaron ventaja sobre las satisfacciones con lo propuesto, hasta el punto de que el secretario de Educación, antes que promover el contenido de su vivificante iniciativa, imploró que se decretara la emergencia educativa. Una enojosa desilusión con textura de rabieta, ya que usó el espejo retrovisor en duros términos contra servidores anteriores del Distrito.
¿Para qué se abrió plaza con tanto bullicio si la festejada criatura podía merecer una tarjeta roja? ¿No estaba su costo ($5,8 billones) imposibilitando una financiación posible si se miraban y evaluaban, con cabeza fría, las cifras del presupuesto y su incremento a mediano plazo? El alcalde (e) Londoño prefirió retirarla, sin pena ni gloria, dos días antes de la sesión clave en el Concejo.
Falló de nuevo la cohesión entre las instituciones y el ejercicio de la función pública, porque las luces del espectáculo se apagaron, tergiversando la regularidad del proceso político distrital y retornando a la constante de improvisar para no tener que planear, que es harina del costal de los tecnócratas, atildada especie de una fauna que no congenia con el estilo y el método de trabajo de nuestras autoridades.
Con respecto a los planes estancados (les sobran los enredos, retrasos y traspiés), ni el bien por el porche pasa ni lo metemos en casa. El devaluado lujo del poder nos diluye los pasitos de zarzuela y nos colma de abrojos el camino de la gobernabilidad. Nos seducen mucho más las Órdenes de Prestación de Servicios que la moderna administración territorial con su profusa parafernalia descentralizadora.
Según el historiador Stanley Payne, en su ensayo sobre la España imperial, desde el siglo XVI “se tornó fácil la compra de cargos administrativos en Hispanoamérica”. En esas seguimos, quienquiera que sea el moro que mande en el alcázar de la Aduana.
“Falló de nuevo la cohesión entre las instituciones y el ejercicio de la función pública, porque las luces del espectáculo se apagaron (...)”