El movimiento social en Colombia, hoy más que nunca presenta peticiones constitucionales y legales al Estado, gobiernos nacional, departamental y local, a los empleadores y al conjunto de la sociedad colombiana.
Las organizaciones sociales, de políticas alternativas, sindicales, comunales, mujeres, afros, indígenas, exigen un plan de choque de todas las fuerzas vivas del país para que cesen los asesinatos, atentados, amenazas y desplazamientos.
Las confederaciones de pensionados piden al Gobierno y al Congreso que hagan justicia bajando del 12% al 4% la cotización de los aportes a la salud, el anterior gobierno y la Corte Constitucional se olvidaron de la deuda social con los pensionados.
Que la superintendencia, Minsalud, las autoridades distritales y departamentales de salud, frenen el paseo de la muerte en todas las EPS y la IPS que no tienen estrato, cuando se tiene un caso grave de salud solo quedan quejas y lamentos.
Los estudiantes, las personas de la tercera edad, solicitan al alcalde, al Concejo, a la junta directiva de Transcaribe, a su gerente cumplir los mandatos legales de la tarifa preferencial para el uso del SITM, como se ha cumplido en otras ciudades.
Hay que acabar la injusticia laboral, con la complicidad de las autoridades laborales, jueces, fiscales; y con la imposición de pactos colectivos, contratos sindicales, despidos de directivos sindicales no prorrogándoles los contratos a término fijo por sindicalizarse.
Se debe prohibir la ilegal aplicación del Art- 140 Cst, de la exoneración del servicio a directivos sindicales enviándolos para su casa con salario básico, sin derecho a entrar a la empresa, y acabar la intermediación y tercerización laboral, y las oprobiosas OPS.
Que la ministra, viceministro de trabajo, el fiscal y el procurador nacional, que tienen una obligación vinculante con el plan de acción laboral, investiguen y tomen acciones por masacres laborales y violaciones del derecho de asociación y negociación colectiva, en: el Club Cartagena, Hotel Caribe, empresa de vigilancia Amcovit, empresas de aseo de los colegios de la Alcaldía, taxistas, incumplimiento de la Sent T – 619 de 2013 en Electricaribe, Seatech, Biofilm, Unicartagena, madres comunitarias, y trabajadores informales.
En Cartagena lamentablemente la prosperidad de sus sectores productivos turísticos, logísticos, portuarios, comerciales e industriales, no se reflejan en la calidad de vida de sus pobladores humildes, que son el 70% de su población.
En la Heroica la persona humilde, raizal, afrodescendiente, indígenas, Lgbti, es excluida y marginada, no hay políticas públicas de trabajo decente, y los derechos constitucionales son letra muerta, como el Art- 74 PND, art – 25 y 53 Cp de 1991.
“Las confederaciones de pensionados piden al Gobierno y al Congreso que hagan justicia bajando del 12% al 4% la cotización de los aportes a la salud (...)”
