Durante el período colonial aparecieron los primeros embriones de las universidades colombianas obedeciendo a dos modelos opuestos: “Medieval”, de corte eclesiástico-elitista, y “Pública”, racionalista-pragmática, cuyo eje central era las ciencias naturales y sociales, auspiciada integralmente por el Estado, enfatizando en el pensamiento libertario de Bolívar y Santander que estremecía el alma y los cimientos de un país recién nacido para la democracia.
Resplandecieron la Universidad de Antioquia (1822), Cartagena y Cauca (1827), Nacional (1867), todas gratuitas, con la frente altiva, visionarias e irreverentes.
En el período 1953-1957, las universidades se desarrollaron entre los fragores de la revolución cubana, de esencia comunista, y la Alianza para el Progreso, de estirpe norteamericana, capitalista. Más tarde sufrieron las pestes de las dictaduras y del Frente Nacional, obligándolas a atrincherarse, racionalizando gastos administrativos y académicos, creando nuevos programas, tareas muy complejas que hicieron crisis durante el largo conflicto de 1971, paralizando completamente la educación superior en las universidades estatales.
Pronto llegaría la influencia neoliberal y, basados en el sofisma de la “autosostenibilidad”, proclamaron la Ley 30/2002, que, teóricamente, auspiciaría la participación democrática en el estamento universitario a cambio de disminuir el torrente financiero de la alma mater hasta estrangularla.
La gota que desbordó la paciencia fue el estítico presupuesto 2019, destinado a las universidades públicas, provocando movilizaciones masivas en contra del perverso modelo de financiamiento que arrastra déficit insostenible que supera el billón de pesos. Lo grave es que el ministro Carrasquilla no sabe aún de dónde raspará la olla.
Infortunadamente apareció una llaga en algunas universidades estatales, desde el mismo instante que promulgaron la Ley de Autonomía Universitaria: la avaricia la apartó de su acrisolada misión institucional (educar, investigar y proyectarse socialmente) induciéndola a explorar modelos de financiación no muy santos, cayendo en garras de politiqueros quienes, al percatarse de que a través de dicha autonomía podían evadir licitaciones consignadas expresamente en Ley 80/1993, la prostituyeron, adjudicándole todo tipo de contratos.
En el vientre azufrado de la política neoliberal fecundaron la Ley 30/2002 y Ley 100/2003, crueles siamesas destinadas a devorar, respectivamente, la educación y la salud de los colombianos y no hay quien detenga la masacre de inocentes, el secuestro de la luz y el decoro.hvsagbini_26@yahoo.es