Al cumplirse 60 años del reconocimiento de las Juntas de Acción en Colombia, través de la ley 19 de 1958, estas organizaciones, después de muchos años de gloria, cuando eran las entidades cívicas de la comunidad por excelencia y las gestoras de obras de desarrollo social en sectores marginados, gestionando escuelas, puestos de salud, parques y canchas deportivas, las cuales le aseguraban el respaldo de sus afiliados, hoy sobreviven resistiendo la indiferencia de los vecinos. Estos no participan en las tareas que se programan, ni siquiera en las asambleas generales, órgano donde se adoptan los planes y se toman las decisiones más importantes para la colectividad ni mucho menos van a las comisiones de trabajo, que son los cuadros operativos, que ejecutan lo planificado.
Sus problemas, además del desinterés de los afiliados en intervenir en sus programas, son; la directiva está dispersa, solamente trabaja el presidente y algunos dignatarios, no hay trabajo en equipo siendo el ejercicio del liderazgo muy débil; no tienen planes de acción definidos; los estatutos no están actualizados; tampoco cuentan con recursos económicos para financiación de proyectos; no existe unidad política en el conjunto de los comunales; y las autoridades territoriales no les prestan la atención debida.
Esta situación requiere que las JAC emulen esa bella leyenda de las águilas reales americanas, aves que al cumplir 40 años se someten a sí mismas a un doloroso y riesgoso proceso de transformación, amputándose el pico para que salga de nuevo y con él arrancar sus viejas uñas para que nazcan otra vez, ganándose la opción de vivir 30 años más. De igual forma se requiere que el movimiento comunal en el país promueva la modernización de sus bases adoptando métodos de innovación organizacional identificando nuevas prioridades a partir de 5 dimensiones como: la económica, social, cultural, política y ambiental, teniendo el objetivo general que cada JAC se convierta en una empresa de desarrollo social.
En el Ministerio del Interior, la Dirección de Participación Ciudadana encargada del apoyo institucional a las entidades comunales no ha desarrollado sus funciones positivamente, al punto que las juntas de acción comunal tienen más de 16 años de retraso por la falta de implementación de la ley 743 del 2002, como lo evidencia el estado de parálisis y dispersión de las juntas en el país. El Gobierno nacional y los comunales están ante el dilema de seguir en el ostracismo de lo tradicional o de aplicar políticas públicas innovadoras. Cartagena podría ser una ciudad piloto para este plan, pero se necesita el apoyo de la Administración y de los mismos comunales.