La zonificación del 2002 del Minambiente incluyó todos los manglares que rodean la ciénaga de la Virgen y los protegió por ser esencia del ecosistema de bajamar y bienes de la Nación imprescriptibles, inembargables e intransferibles. Su condición de Patrimonio Natural constitucionalmente obliga al gobernante y a los ciudadanos a defender su integridad de la ambición depredadora, a conservarlos como salacunas, barreras blandas y resumideros de CO2.
Despreciando el alto valor de conservación y la protección ordenada por el POT y el POMCA, al norte de la ciénaga en las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey, hasta hoy la tolerancia inaceptable ha impedido derrotar a quienes desvalorizan el capital natural por necesidad o por negocio. La depredación, la herida abierta que duele e indigna revela un crimen insostenible y espeluznante: la deforestación de 51.4 hectáreas, 5.7 hectáreas en promedio desde el año 2014.
Es un ecocidio que según la Capitanía afecta “un área de un millón 201.446 m² y a la fecha ocupa indebidamente 393.583 m²”.
Entre 2015-19 en Tierra Baja se realizaron 257 ocupaciones ilegales sobre 256.000 m2 de la zona de bajamar. ¿Cuántas fueron “legitimadas” por el Consejo Comunitario confrontando el territorio ancestral con la Soberanía y la protección constitucional? De las 257 ocupaciones, tengo en mano un oficio del 2020 en el que el representante legal de consejo “autoriza construir en un inmueble adquirido con toda legalidad”.
¿Cuál legalidad? Siendo un fragmento de un bien intransferible ¿quién emitió el título? Si es un bien de uso público ¿por qué el notario 4 valida esa compra venta y el permiso de construcción? ¿Cuántas ocupaciones están así “legalizadas? ¿Cómo se prueba que no es un “negocio” y que el ocupante de lo rellenado es de Tierra Baja o de Puerto Rey?
Según la Ley 70 no es dable disponer de los bienes de uso público y menos cohonestar “legitimando” este ecocidio inadmisible. Aunque la deforestación como daño no se diferencia, disecciono la perversidad y presiones de los autores intelectuales de la gran depredación, de aquellos intereses que nacen de justos derechos ancestrales a un territorio aunque, en este caso, tenga restricciones para disponer del suelo.
En esta masacre los invasores han sido boquilleros y foráneos subalternos de una asociación y concurso delictivo, con división de trabajo: proveedores y transportadores de escombro, urbanizadores y delimitadores de loteo, taladores, rellenadores, vendedores, testaferros, aboganster, y “legalizadores” del ilícito. Son activadores y beneficiarios de ciclos, ritmos y flujos de dineros que mueven, financian y se nutren del sacrificio del capital natural y la ilegalización “legalizable” del suelo.
Ante la sangrante herida, nuestra reacción es contundente: no más ceguera, es soberanía. Nuestro reto como generación es vencer, revertir el Ecocidio, parar el delito ejerciendo in situ la autoridad, reconstruyendo la institucionalidad y resembrando la vida en el manglar agredido.
*Abogado ambientalista y comunicador.