La globalización, el auge tecnológico, y las situaciones de crisis actual, generan reducciones en las distancias, una considerable disminución del tiempo y nuevas maneras de afrontar el control de nuestro territorio, identificando las ocupaciones actuales del suelo y nuevas formas de consumirlo. Estos cambios, así como sus nuevas condiciones que intervienen en la construcción de nuevos escenarios productivos, establece la necesidad de crear límites y condiciones propias de la región.
La autoridad minera del departamento de Bolívar es ejercida fuera de contexto desde fríos escritorios en Bogotá, por la Agencia Nacional de Minería (ANM), lo que muestra actualmente en el territorio, la permisividad de los poderes públicos para con los intereses privados, y su incapacidad de reinterpretar y dirigir la demanda en contra de la exclusión social.
En la conformación actual del territorio, es fácil interpretar ese derroche inaceptable, teniendo en cuenta que los recursos naturales del planeta son limitados y el individuo sin control también lo es. Prueba de ello, la Serranía de San Lucas y todos sus alrededores, en los últimos 10 años ha sufrido intervenciones originadas por el descontrol a raíz de explotaciones ilegales desarrolladas con retroexcavadoras, producto del aumento en los precios del oro a nivel mundial vs. los intereses de codiciosos grupos armados al margen de la ley, presentes en estas zonas ricas en minería.
Explotaciones ilícitas con maquinaria amarilla y el uso del prohibido y fatídico mercurio, impactan negativamente las fuentes hídricas, la flora, fauna y la salud humana, afectando el medio ambiente y causando situaciones nefastas como el desvío de cauces y la deforestación.
Un buen inicio del 2020 fue el lanzamiento de la Ruta Minera en Bolívar, con presencia de todas las autoridades civiles, lideradas por el Gobernador del departamento y la sra. Viceministra de Minas, autoridades militares y todos aquellos actores que intervienen en la actividad minera.
En esta ruta se identificaron dos ejes estratégicos que propician la equidad del sector, estos son, el emprendimiento y la legalidad. Ahora el segundo paso es organizar la casa, haciendo honor a nuestra constitución política respecto a la descentralización administrativa, con liderazgo y autoridad de gobernación y alcaldías, como órganos revestidos con la delegación minera y ejerciendo autoridad en la actividad de manera soberana con la supervisión del nivel central, siempre acompañada y legitimada de los mineros y sus diferentes asociaciones, terminando así radicalmente la historia centralista que está mandada a recoger y es protagonizada por la Agencia Nacional de Minería, arraigada en la capital de la república.
Es en ese momento donde comienza a construirse bajo la consigna de equidad y participación territorial, los procesos de formalización y competitividad minera de la mano de la protección de nuestros ecosistemas, siempre con la vigilancia y cooperación de Fiscalía, Procuraduría, CSB, SENA, Ministerio de Minas, ANM, Fuerza Pública, Defensoría del Pueblo, Organizaciones no Gubernamentales, academia y cooperación internacional, quienes serán todos la junta directiva formal de esa autoridad minera territorial llamada Comité Minero Departamental. Cada entidad se responsabilizará de sus funciones y ejercerá sus competencias de acuerdo con la ley, desplegando los mecanismos tradicionales de construcción del territorio, no como única respuesta posible, pero sí es desde luego como el inicio de un nuevo resurgir para nuestro departamento. En ese orden de ideas es importante que todas las fuerzas vivas del departamento lideren un movimiento cuyo fin único sea recuperar la delegación minera y así todos empezar a construir un Bolívar Primero en minería bajo el marco de la legalidad y el cuidado del medio ambiente.