Hace varias elecciones los cartageneros se han expresado en favor de desterrar la politiquería. El referendo anticorrupción de 2018 obtuvo más de 178 mil votos y los pasados comicios dieron como vencedor a Dau. Más de 114 mil sufragios que se suman a los 61.250 votos en blanco interpretados como una protesta contra el statu quo, evidencian una fuerza que se acerca a 200 mil ciudadanos que anhelan un cambio.
He criticado aspectos puntuales del gobierno, en especial lo referido al talante autoritario, prosaico y estigmatizador con que el alcalde asume sus funciones, en especial la atención de la pandemia y otros temas, más allá de la necesaria lucha contra la corrupción. Últimamente venía en franca reconciliación con el alcalde y sus funcionarios por su valor al destapar temas en los que “presumiblemente” ha habido malos manejos que todos sospechaban pero nadie denunciaba. Pero, vaya suerte la de los cartageneros; no alcanza uno a ilusionarse cuando se presenta el “affaire” de la Contraloría que nos devuelve las dudas. Independientemente de la calificación que merezca la administración Dau y su particular liderazgo, tengo la impresión de que una fuerza oscura quiere imponer el retorno al poder de quienes han hecho de la política un negocio y a este fin contribuyen no solo los interesados en el fracaso de Dau, sino también quienes nada tienen que ver con la corrupción, pero que por inquina o antipatía prefieren volver a una normalidad que era anomalía. Quienes difieren de la manera como se ejerce el gobierno pero desean un cambio, se enfrentan a un gran dilema.
La elección del contralor deja demasiadas dudas no solo sobre el Concejo, entidad competente para nombrar, sino sobre el alcalde, toda vez que los hechos indican que Dau conocía que en la terna que criticó en el epílogo de la segunda entrega del Libro Blanco, también estaba el personaje que resultó electo, a quien meses antes había nombrado en un cargo. Si Dau sabía de esto debió denunciarlo sin contemplaciones para evitarnos este trago amargo. Si no lo sabía o ignoraba el régimen de inhabilidades, se trata de una omisión inaceptable. Esto nos llena de perplejidades que solo el pensamiento crítico puede salvar, esto es, como ciudadano uno debería concentrarse en el análisis de los hechos más allá de simpatías o animadversiones para encontrar sosiego en las propias conclusiones.
La ciudad sigue enfrentada a un periodo de desinstitucionalización acentuado por el último capítulo de este drama. Nos amenaza la interinidad y el retorno de fuerzas tradicionales.
Dau debe explicaciones, pues ya el Concejo dijo “convenientemente” que no sabía que el contralor electo les había mentido. El alcalde parece intentar un harakiri de su gobierno y del proyecto que idealizaron tantos cartageneros que sienten un fresquito cuando se les achica el campo a quienes han hecho de la política una infame transacción.