Hace 30 años, el 4 de julio, firmamos un libro en blanco que “contenía” la Constitución de Colombia, pues no contábamos con el texto de las comisiones redactoras. Solo hasta el 7 de julio se publicó la Constitución de 1991 en la Gaceta respectiva, fecha real de su promulgación. Tal episodio simbolizó el espíritu de concertación, confianza y solidaridad reinante entre nosotros como constituyentes.
La Constitución del 91 respondió al llamado de una sociedad en crisis (década de los 80), y ha sido la primera en nuestra historia convocada por voto popular ante una presión social plural, a diferencia de las anteriores, producto de los intereses de quienes se imponían militarmente.
En la Constituyente de 1991, establecimos un Estado social de derecho, fundamentado en la primacía del interés general, la dignidad humana, el pluralismo, la democracia participativa, el respeto a la igualdad y a la diversidad, al bienestar colectivo, así como la autonomía del individuo, de los territorios y de algunas instituciones. E instauramos la obligación estatal de garantizar los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, los colectivos y del ambiente.
Para la garantía de los derechos fundamentales, adoptamos la tutela, actualmente utilizada excesivamente, debido a falencias del Estado para protegerlos.
Además, aprobamos la acción de cumplimiento, contra la inobservancia de la ley o de un acto administrativo, figura hoy inutilizada debido a su pésima reglamentación.
Los mecanismos de participación nos enorgullecen, pero rechazamos su reglamentación asfixiante, restrictiva, que los hace ineficaces, en un contexto macabro de ineficiencia y corrupción del sistema electoral.
La organización del Estado es bastante funcional, a pesar del desarrollo legal tardío y fragmentado, distorsionado, del ordenamiento territorial; y de los errores en la elección de las altas Cortes al mantener una “cooptación mutante” que marchita la transparencia y la imparcialidad del sistema judicial; con un Consejo Superior de la Judicatura mal concebido. Luego la reciente reforma a la justicia tendrá que ser evaluada con sumo cuidado.
La Constitución del 91 sigue vigente a pesar de más de 50 reformas, y a pesar de la persistencia de la corrupción, el narcotráfico y la captura del Estado por particulares, factores que estimulan el conflicto armado.
El diseño constitucional vigente nos permite seguir soñando con alcanzar plenamente la paz en un Estado social de derecho que garantice la dignidad del ser humano, pues hemos evolucionado gradual y positivamente como sociedad gracias a la Carta del 91.
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