Hablar de patrimonio en Cartagena es someterse aún a la rigidez pétrea de lo que durante décadas ha sido así declarado, entendido y gestionado: un conjunto material inamovible, estático, que debe ser conservado a toda costa y con un valor “objetivo” dado por su papel en el pasado.
Sin embargo, poco a poco avanzamos hacia una comprensión de la integralidad del patrimonio, y la importancia de la identificación y salvaguardia de lo inmaterial. Un reflejo de esto es el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de las murallas y el Castillo de San Felipe (2018), el del Paisaje Fortificado de la Bahía de Cartagena (en formulación), y la postulación de varias expresiones culturales a las listas representativas de patrimonio de la ciudad y de la nación.
De estas manifestaciones hacen parte las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, la champeta, Ángeles Somos y la Vida de barrio de Getsemaní, que ya están formulando sus Planes Especiales de Salvaguardia (PES), un requisito indispensable de ingreso.
Las “declaratorias” de patrimonio suelen entenderse como punto de llegada, como una meta a cumplir, no como un compromiso colectivo de hoy hacia el futuro. Es común que la gestión de lo inmaterial se asimile a la del monumento, lo que genera expectativas distintas a su verdadero alcance.
La experiencia de otras manifestaciones en Colombia ha demostrado que estar en una lista de patrimonio no garantiza recursos, no es un sello de calidad ni una varita mágica que resuelve los problemas. Además, no congela en el tiempo y en el espacio lo que requiere estar vivo y en movimiento.
En estos procesos que buscan la salvaguardia del patrimonio inmaterial es normal que existan debates, tensiones, sospechas, desinformación (genuina o provocada), esencialismos imposibles, nostalgias trasnochadas, estigmatizaciones e intereses en conflicto. El reto está en lograr un acuerdo social que permita preservar lo que nos importa, fortalecer lo debilitado, concertar estrategias para contrarrestar los riesgos y amenazas, estimular la investigación y la memoria, dignificar la labor de los creadores, portadores y gestores, fomentar la inclusión y aumentar la apropiación y la participación de más sectores de la población.
A falta de políticas culturales locales y de continuidad en los procesos, un PES como instrumento de gestión que incluya las diversas visiones existentes es una ruta deseable y alcanzable para que avancemos hacia un objetivo común. Pero, sobre todo, no es la última palabra: esta nunca está dicha sobre aquello que nos pertenece a todas y todos.
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.
*Profesora UTB.
Te puede interesar: