A mediados del siglo XIX la situación política de la Nueva Granada era inestable tanto por las discrepancias que había entre el presidente Tomás Cipriano de Mosquera y el Congreso de la República, como por su autoritarismo, arbitrariedades y tensiones con la Iglesia.
La conversión en deuda pública de los bienes de la Iglesia y las comunidades religiosas; la expulsión del delegado apostólico, obispos, comunidades religiosas y sacerdotes creará un ambiente de zozobra.
Es en este contexto en que el padre Eugenio Biffi, misionero apostólico en Cartagena (1856 – 1862) enviado por el papa Pio IX, y habiendo sido desterrado a La Habana el obispo de la ciudad, deberá, como vicario General de la Diócesis, asumir responsabilidades en un contexto político no fácil y con un clero de solo 30 sacerdotes con no pocas limitaciones. Serán estas dos urgencias las que determinarán su permanencia y voluntad de no dejar solos a los católicos de Cartagena.
En Turbaco, Mons. Herrán y Zúldea, arzobispo de Bogotá, desterrado en Cartagena, convoca al clero de la ciudad para analizar el texto preparado por el presidente del Estado de Bolívar para que lo firmaran: “Nosotros los infrascritos eclesiásticos declaramos que como sacerdotes de Cristo somos ministros de paz, y que siguiendo su ejemplo estamos sometidos al gobierno y protestamos, en cumplimiento de nuestro deber, no hostilizarlo y no ocuparnos en política”.
Esta declaración suscrita el 22 de enero de 1862 por Mons. Herrán y Zúldea y los sacerdotes convocados por él, fue comunicada a todas las ciudades a través del telégrafo, haciendo así creer en la adhesión de los eclesiásticos a cuánto estatuía la legislación anticlerical. Lo que no contó el telégrafo fue que los padres Eugenio Biffi, Juan Andrés Rodríguez y José María Pompeyo hicieron preceder de sus firmas la siguiente afirmación: “Hasta donde lo permita mi conciencia”.
Biffi, meses más tarde, seguirá con determinación la voz del sagrario de su conciencia que le indicaba no aceptar los actos de gobierno que perjudicaban a la Iglesia y desconocer los decretos de tuición y desamortización, con lo cual quedaba claro que sus firmas, en el documento, debían considerarse como no puestas.
Sucesivamente el padre Biffi hará una disertación, histórico-canónica, en defensa de la Iglesia que ningún sacerdote firmaría por miedo a las consecuencias frente al estado soberano de Bolívar. Ello dará origen a su condena al destierro el 25 de junio: “No es la primera vez que el presbítero Biffi, a pesar de toda la humildad que manifiesta, y de todas las consideraciones que han querido guardársele, ha incurrido en faltas que lo hacen acreedor a una seria demostración”. Biffi no podía ir contra su conciencia, porque esta, en esencia, es capacidad de verdad y obediencia en relación con esa verdad que se muestra a quien busca con corazón abierto.
*Director del PDP Canal del Dique.
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