Podremos parar las históricas invasiones y ocupaciones indebidas si existe la decisión interinstitucional de combatir el delito implícito en los daños ambientales y la apropiación indebida de los bienes de uso público (BUP), y logramos ejercer el poder punitivo del Estado para recuperar lo que es de todos y sancionar penal y ambientalmente una buena cantidad de autores y sus cómplices.
Por la acción conjunta y articulada del Ecobloque: Distrito, la Policía, Fiscalía, Armada, Dimar, Cardique y EPA entre otros, sabemos que vencer obliga a vigilar, controlar y valorar infractores y causas, porque estas apropiaciones con raíces son de carácter multiestrato, estimuladas por la impunidad. Unos actúan por necesidad y otros por ambición.
Se agrede la ley y la autoridad y lo que nace de la informalidad o la criminalidad talando y rellenando, con escritura de posesión puede ser “legalizado” y vendido, que es lo que sucede con la propiedad basada en artilugios legales (Ley 62 de 1937) o las prescripciones de lo imprescriptible, violando la Constitución y sentencias, impactando los ecosistemas, esencia de la soberanía.
Amalgamado con la necesidad popular de suelo, existen carteles y profesionales especializados en apropiarse de los BUP, y a su vez entorpecer la acción del Estado, que en sí es ineficiente.
Esta afectación del orden público y el impacto en el Patrimonio Natural sin reacción contundente, es consecuencia de la poca conciencia del valor de la soberanía y la integridad del Territorio, más aún en Cartagena cuya cultura ambiental es deficiente y carente de recursos frente a la necesidad de vivienda y suelo, el que los “nadies” se proveen ocupando el lugar de los manglares y las aguas, lo que han hecho los “dones” en esta ciudad siempre rellenada.
La solución no es la represión sino la inversión social. Impedir que el relleno crezca con un mayor control policial y ambiental impidiendo y sancionando a los volqueteros que negocian con los RCD. La solución es la finalización de la vía Perimetral reubicando la población como lo ordena la Corte Constitucional en la sentencia T 163/16. Lo de La Boquilla y veredas es tan crítico que la solución pasa por un diálogo abierto con los consejos comunitarios, obligados a ser parte de la solución para superar el desacato, la depredación y venta del territorio.
La presión social y empresarial sobre el suelo, el abuso de los ecosistemas, exige insistir en lograr un control permanente con eficiencia, unidos los entes y servidores públicos de los tres niveles y poderes, aprovechando el inicio de un nuevo Gobierno para elevar el compromiso y la mística, y que en lo ambiental superemos el ignorar, el dejar hacer que nos tiene buscando soluciones y clamando a la Procuraduría convoque la Cumbre de Poderes para poder deshacer el círculo vicioso.
Fortalecer es compartir planificación, inteligencia y recursos para vigilancia y control, y de inversión para reubicar y recuperar. El Patrimonio Natural que requerimos preservar es para la sostenibilidad de la vida.
*Abogado ambientalista y comunicador.
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