Durante décadas, tanto los menores refugiados como la población con discapacidades físicas y/o mentales han sido privados de su derecho a la educación. La atención para estos grupos poblacionales ha estado relegada a la escasa oferta de escuelas especiales, lo que hace de este modelo una fuente de segregación y de aislamiento, dentro del sistema educativo, de los estudiantes considerados —y, a veces, estigmatizados— con necesidades especiales.
Es por ello por lo que hoy cobra mayor fuerza el concepto de educación inclusiva, que reconoce, valora y responde a la diversidad de características, posibilidades y expectativas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del país. Con el Decreto 1421 de 2017, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) establece un conjunto de (dis)capacidades y condiciones excepcionales que pueden estar presentes en las escuelas. El objetivo es que todos reciban una educación de calidad, aprendiendo juntos sin distinción alguna. La enseñanza debe adaptarse al aprendizaje, y no lo contrario.
La tesis doctoral de Gabriel Román Meléndez, profesor de la UTB, se destaca en este sentido. Señala el documento que el 40,6% de los docentes en Cartagena tiene algún tipo de formación sobre las discapacidades y condiciones excepcionales de los alumnos. Aunque en la ciudad se ha avanzado en la formación de un perfil docente inclusivo de primaria en escuelas oficiales, sigue latente la necesidad de ampliar el desarrollo de competencias para la educación inclusiva.
Señala Román que para fortalecer la formación de los docentes hay que avanzar en el desarrollo de la pedagogía diferenciada, la psicopedagogía, la neuropsicopedagogía y la psiquiatría; y aumentar el número de docentes con liderazgo y compromiso con la inclusión, con dominio del marco normativo y con el manejo de herramientas pedagógicas para atender a los estudiantes con algún tipo de discapacidad y/o condición especial.
Hacer frente a este reto requiere que escuelas y universidades implementen planes de estudio con áreas pedagógicas que fortalezcan el perfil inclusivo, ampliar la oferta de carreras de licenciatura y posgrados desde este mismo enfoque, y convertirse en centros de formación de formadores. Además, con el apoyo de entes territoriales, el MEN debería ampliar la cobertura de programas de cualificación docente para que el 100% de los maestros reciban formación pedagógica con un enfoque diferenciado.
Tal vez así logremos reducir la brecha educativa de la que son víctimas las personas con alguna discapacidad.
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.
*Decano de la Facultad de Educación, UTB.
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