La semana pasada, decenas de maestros de Bolívar protestaron a las afueras de la sede de la Gobernación, ubicada en Turbaco, para llamar la atención de la administración de Vicente Blel Scaff por la situación de la educación pública en el departamento, que ellos aseguran está en “crisis” profunda.
Los maestros se movilizaron por cinco razones. La primera de ellas, el inicio tardío de clases. A diferencia del resto de departamentos de Colombia, en Bolívar las clases comenzarán hoy 20 de febrero, un mes después de la fecha inicial (23 de enero) y luego de tres cambios en el calendario escolar: la Secretaría de Educación Departamental primero anunció que el retorno a las aulas sería el 23 de enero, después dijo que el 6 de febrero y finalmente, el 20 de febrero.
Todos esos cambios se dieron porque Bolívar no logró contratar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) más temprano. Y justo los problemas en la contratación del PAE se convirtieron en la segunda razón de la protesta docente.
Resulta que por fallas de la administración Blel en la previsión de recursos propios para contratar ese servicio vital para el inicio de clases, retrasos en las aprobaciones presupuestales de Bogotá y limitaciones en la ejecución de recursos de Regalías, la Secretaría de Educación solo escogió a los cuatro operadores de la alimentación el pasado 13 de febrero, es decir, una semana antes del inicio de clases. A diferencia de otros años, Bolívar no logró garantizar su PAE para las primeras semanas de 2023 desde finales de 2022.
La tercera razón por la que se movilizaron los docentes es la falta de vigilancia en los planteles educativos. La Gobernación de Bolívar solo tiene garantizado ese servicio hasta este mes y debe contratar el resto del año.
Tampoco está contratado el servicio de aseo y esa es la cuarta razón del malestar docente. Que los salones, baños, laboratorios y espacios de recreación de los colegios estén limpios es indispensable para un normal desarrollo de las jornadas académicas. La Gobernación de Bolívar ya comenzó la contratación de este servicio, cuyos recursos debe gestionar –tal como ocurre con la vigilancia– porque los que tiene por Sistema General de Participaciones para ambos rubros son pocos, le dijo la secretaria Verónica Monterrosa a El Universal, en enero pasado.
Y el último punto, pero no el menos importante, para entender la movilización de los docentes es el retraso en la ejecución de un plan de infraestructura educativa. Para adecuar 145 sedes y construir 11 megacolegios, el Gobierno Blel proyectó una inversión inicial de $194.142 millones, pero tras varias adiciones esos contratos ya suman $208.230 millones.
Aunque todos los trabajos debían estar listos en 2022, las adecuaciones han sido entregadas parcialmente y aún el Departamento no entrega ninguno de los planteles nuevos.
En la redacción de esta columna participó Antonio Canchila García.
*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.
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