El desorden urbanístico, que presenta la ciudad, está ligado estrechamente a todos los intentos fallidos de actualizar la carta de navegación llamada Plan de Ordenamiento Territorial, POT, creado por la Ley 388 de 1997 y que en uno de sus objetivos establece: “Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medioambiente y la prevención de desastres”. Aquí se refleja todo lo que no se ha hecho desde esa fecha por el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos, por los alcaldes, en sus programas de gobierno y de las leyes que deberían respetar.
Por decreto 0977 de 2001 se implementó el POT de Cartagena que, por ley, tendría una vigencia de tres períodos de alcalde, es decir, debió actualizarse en 2013. Hoy día tiene diez años de vencido. El desconocimiento de la Ley 388 de 1997 ha sido recurrente y cada vez se esfuman más las posibilidades de tener un POT actualizado acorde con las necesidades de planificación del territorio particularmente en los temas ambientales y usos del suelo.
Son muchas las intentonas, infructuosas, para actualizar el POT y los recursos invertidos en sus frustradas tentativas. Uno de los casos más desagradables, con un epílogo desfavorable para el Distrito, fue el contrato interadministrativo suscrito, en el año 2016, con el Fondo Financiero de Programas de Desarrollo, FONADE, por valor de $5.169.996.000, para la entrega de un POT moderno de acuerdo con las directrices del Departamento Nacional de Planeación. Este POT actualizado debía ser entregado a finales del 2018 y tuvo que ser liquidado porque Fonade entregó un documento incompleto. Por gestiones ante la Presidencia de la República se logró la devolución de $1.985.261.193.
Parece que cada vez que se trata de actualizar el POT se desconoce todo lo actuado y ejecutado en otras tentativas pues casi siempre se falla en los mismos aspectos como son el tema ambiental, la cartografía que exige Cardique, la protección de los cuerpos de agua, usos del suelo y la consabida concertación mencionada en el Artículo 24 de la Ley 388 de 1997.
El pasado 24 de mayo Cardique devolvió al Distrito los documentos radicados del nuevo POT argumentando: “Es pertinente indicar que los documentos allegados no están conformes a lo establecido por la norma. Por lo tanto, no se puede dar inicio a la etapa de concertación y consulta de los asuntos exclusivamente ambientales, hasta que el Distrito radique ante Cardique la información completa”.
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