Normalmente, dedico este espacio a opinar sobre política y temas de ciudad. Hoy, por primera vez, le escribiré unas líneas al Derecho; profesión que amo y para la cual me estoy formando con gran privilegio en la Universidad del Rosario.
Lo hago porque durante los últimos meses he estado acompañando la defensa de un profesor que, por la mala práctica del Derecho, se encuentra privado de su libertad en Cartagena.
Cuando lo arrestaron, su familia -que devengaba aproximadamente el salario mínimo- acude a un abogado vecino que se propuso cobrarles sumas de dinero absurdas, que no podían costear.
Luego de asesorarlos, solicitaron un defensor de la Defensoría del Pueblo, quien con recursos públicos debería asegurar el derecho fundamental a la defensa. Sin embargo, durante tres meses y dos audiencias, el abogado -que vive en un municipio aledaño a Cartagena y no tenía especialidad en Derecho Penal- no les atendía el teléfono a los familiares del profesor, acudía a los juzgados tarde y sin conocer el expediente y no se comunicaba con su defendido.
Evidentemente, la angustia, la incertidumbre y los errores, fueron terribles.
¿Conclusiones? Por un lado, que encontrarse con un mal abogado en el camino de la justicia convierte a los usuarios del sistema en víctimas de este, e imposibilita el ejercicio de los derechos de las personas.
Por otro lado, que en Colombia el aparato judicial no es tan justo como parece; si alguien, económicamente, no puede acceder a un abogado -que además es costosísimo-, entonces queda sujeto al azar, sin conocer siquiera en qué estado se encuentra o qué será de su libertad, salud, patrimonio, etc. Y es que resulta alarmante que poco menos de mil abogados sean sancionados cada año por este tipo de conductas.
Hoy debe hacerse un llamado a las facultades de Derecho del país, para mejorar la formación profesional, que además debe contar con un componente ético y humanista sin el cual no puede existir la profesión del Derecho.
Adicional a lo obvio, que es la búsqueda de la justicia a través de la profesión, este llamado también debe hacerse en el marco del nuevo examen de habilitación profesional, que yo aplaudo, y que en los próximos años evaluará a los nuevos abogados de Colombia, y concederá la tarjeta profesional -que permite representar o defender a otras personas en litigios- sólo a la mejor media calificada de las personas que lo presenten. Es decir, una facultad de derecho debe mejorar para competir y mantenerse vigente.
¡Pero, bueno! Así las cosas, por ahora, no resta sino desearle a usted estimado lector que nunca se cruce en su camino, con un mal abogado.
Te puede interesar: