Uno de los retos del Gobierno nacional es cómo bajar la inflación que golpea los bolsillos de los colombianos, sobre todo de los sectores vulnerables. Para los entes territoriales representa un desafío, porque el alza en la canasta familiar genera más pobreza y secuelas en el crecimiento físico e intelectual de la niñez. Tal es el caso del Distrito de Cartagena, que casi siempre está en el primer lugar de las ciudades de mayor inflación, lo cual se refleja cada día en más hogares que sufren de inseguridad alimentaria.
Todos lo saben, ningún ente lo practica: la clave para disminuir la inflación es la seguridad alimentaria. Es garantizar el acceso de los alimentos con precios razonables a la ciudadanía. La población rural de Cartagena alcanza a 76 mil habitantes, si se agregan los miles de campesinos desplazados que habitan los barrios periféricos, se deduce que existe el material humano para producir una buena parte los alimentos que requiere la ciudad, a menor precio y cero costos ambientales. Pero el Distrito solo produce el 5% de lo que consume.
La Gobernación de Bolívar, históricamente, ha sido ineficiente en fortalecer redes de productores agropecuarios que nutran a la ciudad y les garanticen la compra oportuna de sus cosechas. Ya es hora de que la Secretaría de Agricultura y las Umatas dejen de ser las cenicientas de los presupuestos territoriales para dedicarse a garantizar la seguridad alimentaria de sus coterráneos.
El Gobierno nacional anuncia con bombos y platillos que contratará la extensión agropecuaria con las Epseas por 90 mil millones de pesos, capacitación tras capacitación, como se ha hecho en los últimos 10 años, con escasísimo impacto social. Como dijo una vez el viejo Emiliano Zuleta a su hijo Poncho, “es mejor tirarla al mar”. Si esos recursos se utilizan en proyectos de seguridad alimentaria como pollos y huevos orgánicos, cultivos de pan coger, se producirían alimentos a menor costo y mejoraría la calidad de vida del productor rural.
La ley 2046 de compras públicas, que obliga a contratistas y servidores públicos a que por lo menos el 30% de los presupuestos destinados a alimentación y ayudas alimentarias sean adquiridos a productores locales o cercanos, ha quedado en el papel, en el departamento y en la administración distrital. Cambiar la minuta de la alimentación, el pan por el ñame, la bebida azucarada por la leche, incluir huevos de codorniz que aporta aminoácidos esenciales, permite generar miles de empleos y resolver el problema de desnutrición infantil.
Es mucho lo que se puede hacer con los recursos que existen actualmente, depende de la voluntad política y del acierto de nuestros gobernantes.
*Zootecnista.
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