“Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta”.
Sócrates.
El 28 de noviembre de 2005, el abogado, filósofo y profesor Ronald Myles Dworkin lanzaba un artículo titulado ‘¿Deben nuestros jueces ser filósofos? ¿Pueden ser filósofos?’, texto a través del cual el precitado jurista daba cuenta de lo que para él debía ser el perfil de un buen impartidor y administrador de justicia, no solo fundamentado en una formación jurídica abstracta, también conocedor de las principales discusiones y autores de la filosofía del derecho, política y conocimientos de la filosofía moral.
Sentando la propuesta de Dworkin en el contexto del Estado Constitucional y Democrático, como es el caso de Colombia, la invitación del profesor está plenamente justificada no solo para los jueces como administradores de justicia, también para la comunidad en general de juristas o, cuando menos, de aquellos profesionales de las ciencias jurídicas que busquen ir más allá de una visión dogmática y genérica del derecho, que en determinadas ocasiones resulta escasa para hacer frente a los dilemas que presenta la llamada constitucionalización del derecho como tal.
A raíz de la incorporación de ciertos contenidos normativos en las Constituciones de muchos Estados Constitucionales, expresados a manera de principios, valores y directrices, las discusiones vigentes entre moral y derecho, los conflictos derivados del pluralismo jurídico, ético, cultural y de ciertos vacíos normativos, la respuesta a preguntas tales como: ¿Cuál es la conexión entre el aborto y el suicidio asistido?, ¿por qué se le exige al gobierno que otorgue una protección especial al derecho de libertad de expresión?, ¿tal derecho incluye el derecho de los ciudadanos intolerantes a referirse a las minorías en términos insultantes y ofensivos?
Lo anteriormente descrito, supone un continuo diálogo de lo jurídico con otra disciplinas y, en especial, con la filosofía política, la ética, la hermenéutica y sin duda también con la argumentación jurídica.
En palabras de la abogada, investigadora y doctora en Derecho, la peruana Batazo Marciani Burgos, “el trasfondo de muchos de los actuales debates jurídicos y sociojurídicos es también controversias éticas y/o filosófico-políticas”.
Tanto los togados, como los abogados en nuestros tiempos, deberían edificar el conocimiento jurídico bajo patrones lógicos, hermenéuticos, epistemológicos y axiológicos, los cuales son trazados directamente por la filosofía como matriz de todos los saberes (manteniendo su aplicación tanto en el método como en el contenido), tal como en su momento el filósofo Hegel planteó e intentó llevar a la praxis, esto es, una filosofía del derecho enfocada más allá del saber jurídico abstracto y resaltando la labor de la filosofía como saber fundante del Derecho.
Post scriptum, la formación de un buen abogado supone ir más allá del conocimiento de las normas jurídicas y de los conceptos e institucionales jurídicas tan apreciados por la dogmática y, sin duda, parte fundamental de la formación de un profesional en derecho y ciencias jurídicas, que no pretenda ser un mero repetidor de las normas.
*Abogado, maestrante de Filosofía - Universidad de Duma (México), estudiante de Especialización en Didáctica y TIC (Universidad de Cartagena).
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