La vivienda de interés social (VIS) ha sido un tema central en la agenda urbanística de Colombia, y Cartagena no es la excepción. Nuestra ciudad, emblemática por su riqueza histórica y su potencial turístico, desde tiempo atrás enfrenta retos importantes relacionados con la oferta de vivienda asequible para las familias con menores ingresos.
Al año 2016, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE -, el déficit de vivienda en Cartagena se encontraba en un nivel de 37,2%, equivalente a 78mil viviendas, lo que sin dudas constituye una situación crítica.
Bajo este panorama, la vivienda VIS ha sido clave para intentar cerrar esta brecha, pero su implementación en el Distrito a lo largo de los años no ha estado exenta de problemas, y en el presente tiene serias repercusiones sobre la infraestructura vial y de servicios públicos de la ciudad, así como en el uso del espacio público.
Ética periodística en tiempos de turbulencia
Orlando Díaz AtehortúaEn la actualidad, los requerimientos urbanísticos mínimos para la construcción de vivienda de interés social en Cartagena son los contenidos en la Circular de Diciembre 10 de 2013, expedida por la Secretaría de Planeación Distrital. Más allá de cualquier debate acerca de la legalidad de este acto administrativo, asunto que ha estado en discusión, lo cierto es que a día de hoy se constituye como la reglamentación vigente para la ejecución de proyectos de vivienda VIS en la ciudad, y por lo tanto, debe ser aplicada.
A pesar de ser una herramienta importante en la lucha contra el déficit de vivienda, la reglamentación de los proyectos VIS en la ciudad ha mostrado serias deficiencias. La reglamentación que ha regido la construcción de este tipo de vivienda en el Distrito en la última década, que es la establecida en la Circular de Diciembre 10 de 2013, ha sido insuficiente para abordar las realidades sociales y urbanas de Cartagena. Esta circular, vigente y aplicable en la actualidad, ha fomentado el crecimiento de sectores sin la infraestructura vial y de servicios adecuada, generando barrios densamente poblados y con graves problemas de movilidad y uso del espacio público como, por ejemplo, parqueaderos satélites que provocan trancones ya tradicionales en sectores como Parque Heredia.
Uno de los mayores inconvenientes de la Circular VIS es que esta permite construir solo un parqueadero por cada diez unidades de vivienda. Esta cifra es completamente insuficiente frente a la realidad de muchos hogares que adquieren viviendas de interés social y poseen vehículos propios.
La consecuencia inmediata es que los residentes recurren al espacio público para estacionar, con graves implicaciones para la movilidad y la calidad del entorno urbano.
El problema no es menor cuando observamos que, según la norma vigente, un edificio VIS de 200 unidades de vivienda puede contar tan solo con 20 estacionamientos. Esto es claramente insuficiente para cubrir las necesidades de los residentes, lo que lleva a que los vehículos terminen ocupando las calles y espacios que deberían estar dedicados a la recreación o al tránsito de las personas y los demás vehículos.
El uso del espacio público como parqueadero improvisado también incrementa los riesgos de seguridad vial, al obstaculizar la visibilidad y crear puntos de peligro para peatones y conductores.
Sectores como Torices o El Country son el principal reflejo de la situación. Es común ver en estos barrios las calles, parques y antejardines convertidos en estacionamientos improvisados, afectando no solo la estética de los barrios, sino también la funcionalidad del espacio público. Los parques y zonas recreativas, diseñados para el esparcimiento de las familias, se ven cada vez más invadidos por vehículos.
Esto no solo reduce las áreas destinadas al uso y goce de la comunidad, sino que genera un deterioro acelerado de las mismas, agravando los problemas de movilidad y dificultando la circulación en general.
Este fenómeno tiene consecuencias directas sobre la calidad de vida. Las familias que habitan estas zonas se enfrentan a calles congestionadas, espacios recreativos reducidos y una movilidad caótica.
Por ello es crucial que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena aborde de manera integral este problema, ajustando las normativas actuales de acuerdo con la realidad urbana y socioeconómica, para superar los inconvenientes asociados a la insuficiencia de infraestructura vial y de servicios, pues el desarrollo constructivo no puede seguir desbordando la infraestructura existente sin las previsiones adecuadas.
El reto del nuevo POT es encontrar un balance entre la necesidades de la ciudad y el alto costo del suelo, ofreciendo soluciones que incentiven la construcción de infraestructura adecuada sin comprometer la oferta de vivienda de interés social.
Un enfoque integral que contemple incentivos económicos o tributarios para los desarrolladores y uso eficiente del suelo será clave para superar estos desafíos y garantizar un desarrollo urbano más equitativo y ordenado en Cartagena, donde el crecimiento vaya de la mano con el desarrollo de infraestructura. Solo así se podrá garantizar que el progreso económico no vaya en detrimento de la calidad de vida de los habitantes.
Mientras tanto, hasta que una nueva reglamentación sea expedida, los curadores urbanos deben seguir acatando lo dispuesto por la Circular VIS al momento de estudiar las solicitudes de licencias de construcción, sobre todo si se tiene en cuenta que mediante fallo del 4 de febrero de 2022, en el marco de una acción de cumplimiento, el Tribunal Administrativo de Bolívar manifestó: “…en materia urbanística en relación con los programas de vivienda VIS, en Cartagena, los requerimientos mínimos, son los establecidos en la Circular del 10 de diciembre de 2013, la cual se encuentra vigente; por lo que la autoridad de planeación distrital y los curadores urbanos de Cartagena, deben sujetarse a lo dispuesto en dicha circular.