Idealmente, el principal propósito de la democracia es garantizar la igualdad política de todos los miembros de la sociedad; es decir, que los intereses, valores, creencias y saberes de todas las personas cuenten, de forma equitativa, en las decisiones públicas que afectan sus vidas y las de sus comunidades. Sin embargo, este ideal es muy difícil de lograr en la práctica.
Ya en 1956, Robert Dahl, uno de los pioneros del estudio científico de la democracia, advertía que “como se nos enseña a creer en la necesidad de los pesos y contrapesos constitucionales..., olvidamos la importancia que tienen las limitaciones impuestas por la separación social de poderes. En ausencia de ciertos requisitos previos de carácter social, ninguna estructura constitucional puede producir una república no tiránica”.
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¿Y quién paga la cuenta?
Una de las limitaciones sociales que más restringe la búsqueda de la igualdad política es la desigualdad económica desmesurada. Como lo han mostrado numerosos estudios -como los de Thomas Piketty-, la concentración de la riqueza en pocas manos conduce a la concentración de poder en esas manos.
Las empresas, en particular las grandes empresas a nivel multinacional, nacional o regional, tienden a ser concentradoras de riqueza y, por tanto, tienden también a condensar mayor poder político que la ciudadanía común y corriente. Ello implica que sus intereses, valores y visiones de la realidad pueden llegar a primar sobre los de las comunidades que habitan en los territorios donde operan. Como lo señala el trabajo galardonado con el Premio Nobel de Economía este año, en contextos donde priman instituciones extractivas por encima de instituciones inclusivas, las promesas de desarrollo que llevan las empresas a los territorios, sea en términos de crecimiento, empleo o bienestar, son vanas.
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo; y la actuación empresarial se ha visto ineludiblemente entrecruzada de múltiples maneras, no necesariamente dolosas, con las lógicas del clientelismo político, la corrupción y el conflicto armado.
En contextos como los nuestros, es de vital importancia incorporar la dimensión social, y no sólo la institucional, en los procesos de toma de decisiones sobre el desarrollo regional. Para lograrlo, un mecanismo clave es la deliberación pública, abierta y transparente entre las empresas y las organizaciones sociales que representan a las comunidades. Recientes ejercicios deliberativos de dicha índole que han venido ocurriendo en los Montes de María permiten vislumbrar tal potencial transformador de la democracia deliberativa territorial.
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.
*Profesor del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UTB.