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Columna

La cara regional de la informalidad laboral y empresarial

“Desde el punto de vista social, los costos de la informalidad son más elevados: trabajadores con protección social limitada...”.

Andrea Otero Córtes

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El último número de la revista Ensayos sobre Política Económica (ESPE No. 108) del Banco de la República está dedicado a estudiar un fenómeno que ocupa un lugar central del panorama económico del país: la informalidad laboral y empresarial. En este espacio les presento algunos de los principales mensajes de este trabajo, el cual puede ser consultado en el portal del Banco.

Para 2024, en las 23 principales ciudades capitales del país y sus áreas metropolitanas, 4 de cada 10 trabajadores eran informales, definidos en el estudio como aquellos que no cotizaban a pensiones. Si bien esta cifra refleja una mejoría en formalización de la mano de obra con respecto a los que se observaba hace 15 años, hay una alta heterogeneidad entre las capitales colombianas. En particular, en Riohacha, Sincelejo y Valledupar, 6 de cada 10 trabajadores se encuentran en la informalidad.

En el caso de las microempresas, que son aquellas que tienen máximo diez trabajadores, se observa que 9 de cada 10 no cumplen con los requisitos de ley para ser consideradas formales, siendo esta cifra aún más alta en Santa Marta, Sincelejo y Cartagena. Además, el tamaño de la empresa va de la mano con la probabilidad de contratar personal formal, pues en aquellas de más de 50 empleados menos del 5% de la nómina es informal, mientras que en las microempresas suele estar por encima del 75%.

La informalidad tiene múltiples causas. Desde la oferta laboral, se destacan factores como el bajo nivel educativo de los trabajadores y la falta de pertinencia en la educación superior, condiciones de vulnerabilidad y pobreza y la preferencia por trabajos sin un contrato laboral rígido. Desde la demanda, influyen la falta de crecimiento económico local y la baja productividad de las firmas. En el ámbito regulatorio, la rigidez en la legislación laboral, los altos costos de entrada a la formalidad empresarial y la falta de fiscalización creíble, entre otros factores.

Uno de los principales retos en el diseño de políticas públicas para reducir la informalidad es que esta puede tener consecuencias positivas para ciertos actores del mercado laboral en el corto plazo. Por ejemplo, para muchos trabajadores puede ser la oportunidad para acceder rápidamente a un trabajo y para un empresario es la vía para reducir sus costos y mantenerse en el mercado. Sin embargo, desde el punto de vista social, los costos de la informalidad son más elevados: trabajadores con protección social limitada, empresas menos productivas y un Estado con menor capacidad para recaudar impuestos y proveer bienes públicos.

Para conocer en detalle los principales resultados del ESPE No. 108, les invitamos a asistir al conversatorio con un grupo de sus autores, que se realizará en la Biblioteca Bartolomé Calvo de Cartagena el miércoles 12 de marzo, a las 10 a. m., bajo la moderación de Mauricio Reina.

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