Colombia atraviesa una de sus crisis fiscales más profundas desde el colapso económico de los noventa. Lo que marca la diferencia hoy no es solo el tamaño del déficit, sino la ligereza con la que se ha asumido. En julio de 2024, el Gobierno activó la cláusula de escape de la Ley 1473, diseñada para emergencias extraordinarias. Sin pandemia ni desastre natural, su aplicación respondió a un déficit estructural que el Ejecutivo prefirió no corregir. Fue una decisión política, no técnica: una vía para seguir gastando sin restricciones ni prioridades, sin admitir que el gasto sin sustento no es redistribución, sino irresponsabilidad fiscal.
Durante la pandemia, la deuda pública se disparó del 48% al 60% del PIB. El país perdió su grado de inversión y acumuló una deuda adicional por subsidios a los combustibles. Aun así, había margen para la disciplina fiscal. El actual gobierno eligió lo contrario: presupuesto récord, reforma tributaria ambiciosa y recaudación fallida. Se gobernó sobre ‘cuentas alegres’. El resultado: déficit ampliado, deuda creciente y menor confianza por parte de los mercados.
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El gasto se desbordó con una expansión sin precedentes del aparato estatal. En 2024, el gasto de funcionamiento aumentó 25%, impulsado por burocracia, nuevas entidades y programas sociales basados en transferencias directas sin evaluación rigurosa de impacto o sostenibilidad. En vez de revisar, se anuncian ampliaciones frecuentes, muchas con más lógica electoral que fiscal. No se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo y con qué propósito.
Ahora se anticipa una nueva reforma tributaria que buscaría recaudar hasta $19 billones adicionales; pero el problema no es solo la cifra, sino su lógica: gravar aún más a quienes ya contribuyen -trabajadores y empresas formales- mientras se preservan exenciones y subsidios regresivos que perpetúan desigualdades. Aunque ya se ha insinuado su contenido, la presentación oficial del proyecto está prevista para diciembre, fiel a la tradición de envolver los anuncios más sensibles en lenguaje técnico y decorarlos como si se tratara de un regalo de fin de año.
Se castiga al sector formal mientras se expande un modelo basado en consumo financiado por deuda, en lugar de incentivar la productividad, la innovación o el empleo de calidad. En un contexto de confianza deteriorada, gasto creciente y baja inversión, el país pierde solidez macroeconómica, compromete su futuro fiscal y amplía su vulnerabilidad externa. Culpar a la escasez mientras se derrocha es una traición silenciosa al futuro del país.