La “paz” es uno de esos conceptos que suele servir para referirse a una multiplicidad de cosas, a veces contradictorias. Mandela, por ejemplo, sostuvo que la paz no es la simple ausencia de conflicto, sino la creación de entornos de prosperidad, pero para Hobbes, esos entornos de prosperidad y de paz son posibles si el Estado garantiza el orden y la seguridad. La “paz” también ha servido para construir metáforas poderosas: “No hay camino hacia la paz, la paz es el camino” (Gandhi); realistas: “Es mejor una mala paz que una buena guerra” (Mockus); hueca: “La paz es la única batalla que vale la pena librar” (Camus); o insulsas: “Ningún esfuerzo por la paz es un fracaso” (Iván Cepeda). Ahora bien si además de todos los problemas semánticos que conlleva el uso de un término como este, se le agrega un epíteto mucho más seductor, pero mucho menos inteligible que el anterior como “total”, vamos a tener una serie de problemas en cuanto a la formulación, implementación y aplicación de una política de paz, como le sucedió al actual gobierno.
Respecto a su formulación, porque recordemos que ni siquiera el mismo presidente pudo dar cuenta de su significado. Alguna vez dijo (12/05/2025) que no le gustaba ese término, que era un invento de la prensa, a pesar de que el vocablo aparece 23 veces en el Plan Nacional de Desarrollo y 9 veces en la Ley 2272/22. Uprimny afirmó que “paz total” es un concepto confuso que no diferencia una “negociación política” para cerrar un conflicto, de una “política criminal” para someter judicialmente a grupos delincuenciales. En efecto, el marco legal confundió facilitadores, voceros y gestores de paz y, si bien diferenció entre diálogos sociojurídicos y diálogos sociopolíticos, el fin fue similar: negociar la ley, otorgar beneficios y generar ceses al fuego indiscriminados.
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En relación con su implementación, porque los diálogos estuvieron llenos de improvisaciones, no hubo una metodología clara y, sobre todo, no existió una política ni una estrategia realista y eficaz de seguridad o, si la existió, la supeditaron a la política de paz, lo que llevó al falso dilema entre paz y seguridad, cuando esta última -dice Alejo Vargas- es la otra cara de la primera, debido a que sin presión (disuasión) los grupos armados no tienen incentivos para dialogar (persuasión). El Gobierno formuló una simbólica y populista política de “seguridad humana” cuyos indicadores -advirtió- no se medirían en muertes y bajas, sino en vidas.
Finalmente, con relación a su aplicación, porque las consecuencias saltan a la vista: pérdida de control territorial y del monopolio legítimo de la violencia, debilitamiento de las fuerzas armadas, aumento del narcotráfico, extorsiones, economía ilegal, tráfico de armas, trata de personas, reclutamiento y asesinato de menores, etc.
*Profesor universitario.