El incremento del salario mínimo anunciado por el presidente Gustavo Petro para 2026 es abiertamente desproporcionado. Un aumento de aproximadamente el 23.7% —que eleva el salario y auxilio de transporte a dos millones de pesos— rompe cualquier criterio técnico razonable. En la mayoría de países de la OCDE, el salario mínimo se calcula con base en la inflación, la productividad y el crecimiento económico, con un objetivo claro: que el salario no pierda poder adquisitivo sin disparar los costos de la economía. Eso aquí no ocurrió.
En Colombia, el salario mínimo no es una cifra aislada. De él dependen bienes y servicios esenciales como matrículas educativas, multas, SOAT, servicios de salud, canasta familiar, transporte público, vivienda de interés social, seguridad social y servicios de primera infancia. Si el salario mínimo sube sin proporción, esos costos también lo hacen. El resultado es inflación, menor capacidad de contratación y mayor informalidad laboral. Todo lo contrario de lo que se ha dicho querer proteger.
Las cifras son contundentes. Con un IPC del 5.30%, un crecimiento económico del 3.6% y una productividad de apenas 0.91%, el aumento técnicamente razonable del salario mínimo debía ubicarse entre el 6% y el 8%. Pretender justificar un incremento cercano al 24% es un absurdo. Más aún cuando el costo real por trabajador asciende a casi tres millones de pesos mensuales al sumar seguridad social y prestaciones, resultando arrasador para las micro, pequeñas y medianas empresas.
La política laboral del país debería concentrarse en crecer la clase media. Pero en la práctica, solo aumentan dos salarios: el mínimo y el salario integral, que corresponde a quienes más ganan. El presidente ni siquiera mencionó este último en su alocución. En cambio, millones de trabajadores de ingresos medios verán sus salarios ajustarse apenas por IPC, mientras enfrentan mayores costos de vida y un mercado laboral más restringido.
El anuncio presidencial fue, además, un ejercicio de demagogia. En el último año de gobierno y en un contexto electoral, se recurrió a un concepto inexistente: el “salario mínimo vital familiar”. Antes fue “mínimo vital y móvil”; ahora se le cambia el nombre sin sustento técnico ni transparencia en el cálculo. Se afirmó que este concepto proviene de la OIT, cuando en la práctica —según la ONG Amnistía Internacional— ningún país del mundo fija su salario mínimo de esa manera.
El presidente también faltó a la verdad en varios puntos. Es falso que este aumento beneficie a los trabajadores informales; por el contrario, dificulta su formalización. Es falso que quienes ganan más del mínimo se beneficien, pues la mayoría de salarios se ajustan por inflación. Es falso que el salario mínimo determine el presupuesto nacional. Y resulta cínico prometer apoyos a las mipymes mientras se les impone un incremento que compromete su viabilidad.
El sistema colombiano de concertación del salario mínimo fracasó. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno puede decretar el salario sin límites técnicos. Otros países han optado por reglas objetivas: ajustes automáticos por inflación o comités independientes de expertos (caso de Francia, Alemania o México). Colombia debe avanzar hacia un modelo similar, si no quiere seguir sometida a decisiones arbitrarias que ponen en riesgo el empleo y el equilibrio económico.