Cada semana más jóvenes colombianos hacen la misma cuenta: cuánto cuesta quedarse y qué tan posible es irse. Para muchos, la conclusión es clara. No se trata de falta de arraigo ni de desamor por el país, sino de una decisión racional ante un mercado laboral que ofrece poco y exige mucho.
Colombia está viendo partir a una generación preparada, conectada y con expectativas legítimas de progreso. Profesionales que estudiaron, se endeudaron y trabajaron, pero que encuentran salarios bajos, empleos inestables y pocas posibilidades de crecimiento. Cuando el esfuerzo no se traduce en oportunidades, el mensaje es contundente.
Esta emigración no debería leerse como un fenómeno cultural, sino como un síntoma económico. Un país que no logra retener a sus jóvenes está fallando en crear condiciones básicas: empleo formal, reglas claras, confianza para emprender y una relación real entre educación y trabajo.
La pérdida no es solo emocional. Es capital humano que se va, innovación que no ocurre y futuro que se aplaza.
El riesgo mayor es normalizar esta salida como algo inevitable. Cuando irse se vuelve el plan, quedarse deja de ser una opción razonable. Ninguna sociedad progresa así. El problema no es que los jóvenes se vayan. El problema es que el país no les esté dando razones suficientes para quedarse.
Estamos a 52 días de las elecciones legislativas en Colombia, y este fenómeno debería pesar en la decisión de a quién elegimos. La racionalidad debe ir más allá del apasionamiento y de la ideología. Votar también es preguntarse quién entiende mejor los desafíos estructurales del país y quién está dispuesto a trabajar por el Bien-Estar de las y los jóvenes, en Bogotá y en cada región de este bello país.
Porque si quedarse no vuelve a ser una opción viable, seguiremos despidiendo a una generación que Colombia no puede darse el lujo de perder.