Tomar el transporte público no debería ser un acto de valentía. Sin embargo, para millones de mujeres en América Latina, el simple hecho de ir al trabajo o regresar a casa se ha convertido en un ejercicio cotidiano de supervivencia. Frente a una realidad que muchas hemos vivido en carne propia, las respuestas institucionales suelen caer en un patrón frustrante de lanzar campañas pedagógicas y de sensibilización bajo la premisa, bastante ingenua, de que el acoso sexual, los tocamientos no consentidos y el exhibicionismo son producto de la ignorancia.
Como si un agresor que realiza actos de índole sexual contra una mujer en un autobús repleto de gente fuera a detenerse a reflexionar por leer un cartel o a desarrollar repentinamente empatía tras escuchar un mensaje institucional. La violencia sexual en el transporte público no es un problema de falta de información; es un problema de impunidad, de ausencia de control y, sobre todo, de una tolerancia social que durante demasiado tiempo ha normalizado lo inaceptable.
Esta visión no solo peca de inocente, sino que nos revictimiza. Las campañas que no vienen acompañadas de acciones concretas, de inversión real en seguridad y de consecuencias penales contundentes solo son campañas de papel, porque crean una ilusión de seguridad que se desvanece en cuanto pisamos la estación, burlándose del sufrimiento diario que padecemos y eximiendo a las empresas de transporte de su verdadera responsabilidad, la cual es, garantizarnos espacios seguros.
De las tradwives a la pérdida de nuestros derechos
MELIZA SALCEDO ALARCÓNMiremos el caso de Cartagena. El sistema de transporte masivo, Transcaribe, lanzó con bombos y platillos la campaña “Ella se mueve segura” como su gran herramienta para eliminar las violencias contra nosotras. La iniciativa se centró en acciones de tipo pedagógico, la divulgación de un “Protocolo Púrpura” y la creación de un “muro de las usuarias” para impulsar nuestro empoderamiento. Suena bien en el papel, pero la realidad operativa del sistema nos cuenta una historia muy distinta y mucho más cruda.
El 2 de marzo de 2026, Gabriela Linares Chamorro, una joven de apenas 18 años, denunció haber sido víctima de acoso sexual a bordo de un vehículo de la ruta X102 de Transcaribe. Y si se preguntan qué pasó con el agresor, pues este tranquilamente se bajó en la estación Martínez Martelo, como si nada hubiera ocurrido. Lo más cuestionable es que Transcaribe emitió un comunicado afirmando que “activaron de manera inmediata sus protocolos de atención y acompañamiento” y que pusieron “en custodia toda la información y grabaciones de seguridad”.
Esta respuesta, puramente reactiva, deja al descubierto las profundas grietas del sistema. Para empezar, recordemos que en 2017 Transcaribe anunció la instalación de cámaras de seguridad, pero estas se ubicaron exclusivamente en las 17 estaciones y en el Patio Portal, ninguna dentro de los autobuses que es precisamente donde ocurren la mayoría de los abusos. Además, la empresa carece de un cuerpo de vigilancia o policía dedicado exclusivamente al sistema que pueda realizar capturas en flagrancia. Al final del día, la carga recae abrumadoramente sobre nosotras, las víctimas, a quienes se nos insiste en que denunciemos a través de correos electrónicos o taquillas, en lugar de ofrecernos botones de pánico o personal de seguridad visible y capacitado a bordo.
Pero no nos engañemos, el fracaso de estas medidas puramente pedagógicas no es exclusivo de Cartagena. Los datos a nivel nacional y regional nos gritan a la cara que el acoso en el transporte público es un problema estructural que requiere intervenciones contundentes y no una simple campaña comunicacional que, sí, tiene mucha visibilidad a un costo relativamente, pero que carece de cualquier evaluación rigurosa sobre su efectividad real para disuadir a los agresores.
El problema central radica en no entender quién es el agresor sexual en el transporte público. Estos individuos no actúan porque les falte información sobre lo que constituye el acoso; actúan porque el entorno de hacinamiento, el anonimato y la falta de vigilancia les regalan impunidad. Un cartel que dice “el acoso es un delito” no va a detener a un depredador si él sabe perfectamente que no hay cámaras grabándolo, que no hay guardias cerca y que la probabilidad de que lo capturen es prácticamente nula.
La insuficiencia de las campañas pedagógicas se hace aún más dolorosa cuando observamos el panorama nacional. En las principales ciudades de Colombia, los sistemas de transporte masivo se han convertido en escenarios de terror cotidiano para nosotras, demostrando que los eslóganes no detienen a los agresores. Por ejemplo, en Medellín, a pesar de su reconocida “Cultura Metro” y de campañas de la Alcaldía como “Con mi cuerpo nadie se mete”, las cifras de acoso sexual son alarmantes; En Cali, el sistema MIO enfrenta una crisis que no se queda atrás, pues a pesar de campañas como “Tu Piropo es Acoso”, hay denuncias reiteradas que advierten sobre presuntos casos de acoso y abuso sexual.
En Bogotá, la magnitud del problema es simplemente escandalosa, aunque TransMilenio cuenta con un comando de policía dedicado que logró más de 2.080 capturas en 2024, el 67% de las mujeres aún percibe inseguridad al movilizarse. Las otras ciudades no son la excepción, por ejemplo, en Barranquilla, Transmetro implementó el protocolo “Código Violeta” como parte de una estrategia integral y, en Pereira, las autoridades lograron identificar a través de cámaras a grupos de hombres que se dedican sistemáticamente a realizar tocamientos a las pasajeras en el Megabús, mientras la ciudad intenta reforzar herramientas como la App Mujer Segura.
En todos estos casos, el patrón se repite como un disco rayado, el Estado responde con pedagogía, los agresores responden con impunidad y nosotras respondemos con estrategias de autoprotección que limitan nuestro derecho a disfrutar de la ciudad.
Ante el fracaso evidente de las medidas blandas y la gravedad de las cifras, es imperativo, es urgente, dejar de tratar el acoso sexual en el transporte público como un simple problema de “falta de cultura”. Tenemos que empezar a tratarlo como lo que realmente es, una emergencia de seguridad pública que exige medidas de contención física inmediatas.
Justamente por este panorama, lo que hasta hace poco podía parecer una idea utópica o incluso incómoda debe empezar a contemplarse con seriedad y es la implementación de vagones y autobuses exclusivos para mujeres en Colombia.
No se trata de una propuesta inalcanzable ni de una concesión simbólica, sino de una medida pragmática orientada a proteger la integridad de millones de mujeres que diariamente utilizan el transporte público. Resulta, en todo caso, mucho más realista avanzar hacia soluciones concretas de protección inmediata que esperar, como si fuera un acto de magia, a que desaparezca de la noche a la mañana el machismo arraigado en nuestra sociedad.
La evidencia internacional nos respalda. El programa “Viajemos Seguras” en el Metro de la Ciudad de México, implementado desde 2007, ha sido evaluado positivamente; Japón reintrodujo los vagones exclusivos en Tokio a finales del año 2000 (con antecedentes desde 1912) y ha logrado aumentar significativamente la sensación de seguridad frente al acoso; y países como Brasil, India, Egipto, Malasia, Indonesia y Corea del Sur también han adoptado sistemas de transporte segregados por género para proteger a sus ciudadanas.
Los críticos de esta medida suelen argumentar, desde la comodidad de sus privilegios, que los vagones exclusivos no solucionan el problema de fondo, sino que segregan y que atacan el síntoma y no la enfermedad. Y tienen razón, no solucionan el machismo estructural. Pero cuando una mujer está siendo manoseada en un bus repleto a las seis de la tarde, no necesita que le solucionen el problema de fondo de la sociedad en ese instante; necesita un espacio físico donde su cuerpo no sea vulnerado. Lo contrario, es exigirnos que sigamos soportando el acoso diario mientras esperamos pacientemente a que las campañas pedagógicas surtan efecto en las próximas generaciones, lo cual es, francamente, un acto de desidia institucional.
Ahora bien, implementar vagones exclusivos no significa abandonar la educación, no, ni más faltaba, significa reconocer que hacer pedagogía sin ejecución es igual a nada; significa entender que los espacios de aglomeración favorecen la violencia porque se pierden los límites corporales. Por eso las campañas de papel que simulan seguridad mientras los agresores actúan con total libertad son una burla inaceptable.
Y si no damos este debate desde ya más lejana será la opción de que se materialicen estas ideas, ya es hora de exigir inversión real, ya sea en cámaras funcionales dentro de los vehículos, personal de seguridad capacitado, judicialización efectiva y, sobre todo, espacios exclusivos que garanticen nuestra integridad física, de lo contrario, seguiremos condenando a millones de mujeres; estudiantes, trabajadoras; a tu mamá, hermana, hija o amiga, a seguir aguantando el acoso diario en el transporte público y seguir contando en los noticieros cómo, de repente, terminaron con fluidos de origen desconocido en su espalda o en su pantalón.