La noche del 24 de enero de 2025, mientras la mayor parte de Washington dormía, Donald Trump firmó el despido de dieciséis funcionarios cuyo único pecado había sido ser independientes. No eran opositores. No habían filtrado documentos ni conspirado contra nadie. Eran auditores —personas contratadas para contar, verificar, informar. Gente, en otras palabras, que no le debía nada a nadie excepto a los hechos.
Ese gesto casi burocático, ignorado durante horas por los medios, contenía una lógica que este artículo intenta nombrar con precisión: no la del tirano que destruye las instituciones, sino la del propietario que las absorbe.
No se trata de la autocracia tradicional, y mucho menos del fascismo. Max Weber, uno de los tres padres de la sociología moderna, distinguió tres formas de dominación legítima: la legal-racional, la carismática y la tradicional, propia de los Estados feudales o de las monarquías absolutas.
Dentro de esta última ubicó la dominación patrimonial, un sistema en el que no existe una frontera clara entre lo público y lo privado, entre el cargo y quien lo ocupa. El poder no se organiza como institución, sino como corte. Mandan las lealtades personales.
Décadas más tarde, S. N. Eisenstadt y otros sociólogos desarrollaron el concepto de neopatrimonialismo. Este término describe con precisión muchos sistemas políticos contemporáneos: un orden híbrido en el que las formas democráticas —elecciones, Constitución, parlamento, tribunales independientes— coexisten con una lógica de poder profundamente personalista, clientelar y transaccional.
El Estado como propiedad personal: The Art of the Deal
En un sistema patrimonial, escribe Jonathan Rauch, senior fellow de la Brookings Institution, el gobernante trata el Estado “como una empresa familiar”.
La señal diagnóstica más clara no es la corrupción en sí misma, sino la desaparición del concepto mismo de conflicto de intereses.
Cuando Elon Musk —el mayor contratista privado del gobierno federal a través de SpaceX— dirigía simultáneamente el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), recibió la dimisión de varios inspectores generales que investigaban a sus empresas.
Entre los despedidos figuraban los inspectores del Departamento de Guerra —que había iniciado una revisión sobre SpaceX— y del Departamento de Agricultura —que investigaba Neuralink, otra empresa de Musk—.
Un tribunal federal declaró los despidos ilegales. En septiembre de 2025, Trump los volvió a despedir.
La revista Forbes estimó que Trump comenzó su segundo mandato con un patrimonio de 2.300 millones de dólares. En julio de 2025 lo valoraba ya en 7.100 millones y describió su administración como “la presidencia más lucrativa de la historia estadounidense”.
Algunos ejemplos ilustrativos
El criptoimperio
Días antes de su toma de posesión, Trump lanzó el memecoin $TRUMP, que generó al menos 320 millones de dólares en comisiones.
En mayo, los 220 mayores inversores fueron invitados a una cena privada con el presidente en su club de golf de Virginia.
El Comité Judicial del Congreso documentó que Trump y su familia acumularon criptoactivos valorados en hasta 11.600 millones de dólares y obtuvieron más de 800 millones de dólares en ingresos por la venta de activos digitales solo en la primera mitad del año.
La empresa World Liberty Financial, fundada con sus hijos, recaudó más de 550 millones de dólares mediante la venta de tokens a inversores de todo el mundo.
Para completar el cuadro, la administración impulsó una reserva federal de criptomonedas, una política pública que revalorizó directamente los activos privados del presidente.
El avión de Catar
El gobierno de Catar ofreció a Trump un Boeing 747-8, valorado en cerca de 400 millones de dólares, para que funcionara como nuevo Air Force One, con transferencia posterior a su fundación presidencial.
Expertos constitucionales señalaron una posible violación directa de la cláusula de Emolumentos Extranjeros.
El Congreso no fue consultado, y la ministra de Justicia, exabogada de Trump, Pam Bondi, había trabajado previamente como lobista del gobierno de Catar.
Una investigación del New York Times, publicada en enero de 2026, documentó la expansión de los negocios de la familia Trump en paralelo a visitas de Estado.
En una notable reversión de la política exterior previa, Estados Unidos aprobó la venta de chips de inteligencia artificial a los Emiratos Árabes Unidos. La decisión coincidió con la compra, por parte de un príncipe emiratí, de 500 millones de dólares en criptoactivos vinculados a Trump.
En Vietnam, la Trump Organization recibió 5 millones de dólares en tarifas de licencia en plena negociación arancelaria bilateral.
La investigación documentó además negocios activos en Albania, Omán, Maldivas, Serbia y Corea del Sur.
Existen muchos más casos. Justin Sun compró más de 90 millones de dólares en criptoactivos de la familia Trump y, poco después, la SEC archivó la demanda por fraude que tramitaba contra él. Changpeng Zhao, fundador de Binance y condenado por delitos financieros, fue posteriormente indultado por Trump.
Otro ejemplo es el caso del puente Gordie Howe. A comienzos de febrero de 2026, Trump publicó en Truth Social que bloquearía la apertura de este puente de 4.600 millones de dólares financiado por Canadá entre Detroit y Windsor.
Ese mismo día, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se había reunido con Matthew Moroun, heredero del Ambassador Bridge, el puente privado que compite directamente con la nueva infraestructura.
La familia Moroun aportó más de 650.000 dólares a la campaña de Trump y gastó otros 250.000 en lobby específicamente relacionado con puentes internacionales.
Política exterior: «L’État, c’est moi»
En política exterior, el ritmo de decisiones ha sido vertigi noso: operaciones para intentar forzar la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro; la suspensión del apoyo militar a Ucrania mientras Washington mantenía contactos directos con Moscú; el deterioro de relaciones con aliados históricos como Canadá y varios gobiernos europeos; la amenaza —posteriormente retirada— de invadir Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca, aliado de la OTAN; la guerra de doce días contra Irán y, más recientemente, el nuevo ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra ese país, cuyo desenlace aún es incierto.
Casi todas estas medidas se adoptaron mediante decretos presidenciales, con un papel mínimo del Congreso.
Negociaciones sensibles —como las mantenidas con Rusia o Irán antes del último ataque— no pasaron por el Departamento de Estado, sino por el círculo íntimo del presidente.
Figuras como Steve Witkoff —amigo personal del presidente— o su yerno Jared Kushner asumieron funciones diplomáticas de altísimo perfil.
El indulto al padre de Kushner, magnate inmobiliario de Nueva York, durante el primer mandato, y su posterior designación diplomática como embajador en París reforzaron la impresión de que la frontera entre política pública e interés privado se había vuelto extraordinariamente difusa en Estados Unidos.
En una entrevista, el presidente afirmó que su propio juicio moral y su razón bastaban como guía, más allá del derecho internacional. La frase evocó inevitablemente la atribuida al rey francés Luis XIV: «L’État, c’est moi.»
Lealtad como criterio central de selección
En todo sistema neopatrimonial, el líder no busca necesariamente a los más competentes, sino a los más leales.
Reuters caracterizó el proceso de selección del gabinete de Trump como una operación de “recompensa a los leales”, muchos de ellos con calificaciones limitadas para los cargos propuestos.
El primer ejemplo es Pete Hegseth, secretario de Guerra —anteriormente denominado de Defensa—. Su trayectoria previa era la de presentador del programa Fox & Friends y autor de libros de opinión conservadora. El senador republicano Mitch McConnell fue uno de los pocos en su propio partido que lo dijo en voz alta: “La gestión eficaz de casi tres millones de empleados militares y civiles, un presupuesto anual cercano a un billón de dólares y alianzas en todo el mundo es una prueba diaria con consecuencias devastadoras para la seguridad nacional. El señor Hegseth no ha demostrado que pueda superarla.”
El abogado ambientalista y excandidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. fue nombrado secretario de Salud y Servicios Humanos, a pesar de que 77 premios Nobel expresaron su firme oposición en una carta al Senado.
Tulsi Gabbard, nombrada directora de Inteligencia Nacional, pasó a supervisar 18 agencias de espionaje y a asesorar directamente al presidente y al Consejo de Seguridad Nacional, sin experiencia previa en servicios de inteligencia.
Kash Patel, designado director del FBI, generó alarma por sus declaraciones sobre el uso del cargo para perseguir a los adversarios políticos del presidente.
El Departamento de Justicia como bufete personal
Desde el escándalo Watergate de 1974 existe en Estados Unidos una norma no escrita: el fiscal general debe mantener independencia respecto del presidente. No ser su abogado, ni su escudo, ni su espada.
Trump rompió esta tradición nombrando a Pam Bondi.
En su primer día en el cargo, Bondi desmanteló el grupo de trabajo contra la influencia extranjera del FBI, cerró la operación KleptoCapture —destinada a perseguir a oligarcas rusos— y redujo la aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros.
Trump colocó además a varios de sus antiguos abogados personales en puestos clave del Departamento de Justicia, consolidando la percepción de una institución cada vez más subordinada al presidente.
Medios bajo presión: la excepción de Fox
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), bajo la dirección de Brendan Carr —nombrado por Trump—, abrió investigaciones formales contra prácticamente todas las grandes cadenas nacionales: ABC, CBS, NBC, CNN y NPR.
La única excepción fue Fox News.
Cuando ABC y CBS optaron por pagar 16 millones de dólares cada una en acuerdos extrajudiciales —a pesar de que sus abogados consideraban que tenían buenas probabilidades de ganar en juicio—, muchos analistas interpretaron la decisión como el costo de operar bajo un sistema que utiliza la regulación como instrumento de presión política.
Una democracia vaciada por dentro
El politólogo Stephen Hanson advierte que el neopatrimonialismo no llega con tanques. Llega con formularios administrativos, decretos ejecutivos y nombramientos personalistas.
Las elecciones siguen celebrándose. La Constitución continúa colgada en el Archivo Nacional.
Pero la sustancia de la democracia —la separación de poderes, la independencia judicial, la prensa libre y la burocracia profesional— puede vaciarse gradualmente, sustituida por una lógica de lealtad personal.
Las democracias rara vez mueren con un disparo. Mueren cuando nadie puede señalar el momento exacto en que dejaron de funcionar —porque los formularios seguían procesándose, los tribunales seguían reuniéndose, las elecciones seguían celebrándose. Lo que se había ido, silenciosamente, era la idea de que el poder público no pertenece a quien lo ejerce.
Esa idea no tiene ejército. No tiene lobby. Solo tiene nombre: república.