Durante años, una parte del país aceptó una caricatura peligrosa: que hablar de seguridad era una obsesión de la derecha, un capricho de los ricos o una excusa para que algunos pudieran ir tranquilos a sus fincas. Esa frase, repetida con suficiencia en campañas, tertulias y redes sociales, ocultó una verdad elemental: la seguridad no es un privilegio. Es la condición mínima para que cualquier ciudadano pueda vivir, trabajar, estudiar, abrir un negocio o salir de su casa sin miedo.
Colombia parece estar redescubriendo esa verdad por las malas.
Lo ocurrido en Cali, Palmira y Cauca no puede leerse como un hecho aislado. Cuando una ciudad vuelve a escuchar explosiones cerca de instalaciones militares, cuando el miedo regresa a las calles, aparece una señal profunda: el Estado está perdiendo autoridad donde nunca debió cederla. El problema no empezó ayer. Desde el proceso de paz con las Farc, Colombia dejó abiertos frentes que nunca fueron resueltos. Muchos territorios quedaron sin presencia del Estado. Se desmovilizó una estructura, pero otras ocuparon su lugar.
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Juan Sebastián RodríguezPero también sería irresponsable negar que el actual gobierno agravó el problema con una visión equivocada de la seguridad. La llamada “paz total” partió de una premisa seductora, pero peligrosa: creer que casi todo actor armado puede ser tratado como interlocutor político, aun cuando siga delinquiendo, reclutando, extorsionando o atacando a la Fuerza Pública y a la población civil.
La seguridad no es solo un asunto militar o policial. Es también económico. Donde manda la extorsión, no florece la empresa. Donde una carretera es controlada por grupos armados, no hay cadena productiva que funcione. Donde un tendero, un transportador, un agricultor o un microempresario deben pagar vacuna para sobrevivir, no hay libertad económica: hay sometimiento criminal.
Colombia debe mirar con seriedad lo que podría significar la continuidad de un proyecto político que desconfía del empresario, relativiza la autoridad y se muestra más cómodo entendiendo las razones del delincuente que protegiendo a la víctima. La seguridad no es una nostalgia autoritaria. Es una necesidad republicana. El país está a tiempo de corregir. Pero para hacerlo debe recuperar una idea básica: sin seguridad, todo lo demás se desmorona. La economía, la inversión, el empleo, la educación, la movilidad, la vida familiar y la confianza dependen de que el ciudadano sienta que la ley está de su lado.