La región Caribe, y muy especialmente el departamento del Atlántico, se encuentran hoy en una encrucijada histórica.
Tenemos el potencial para ser el motor que mueva a Colombia hacia un futuro de sostenibilidad con energías limpias. Sin embargo, decisiones centralistas, como el reciente anuncio del Gobierno nacional de imponer una sobretasa de 8 pesos por kilovatio a los estratos 4, 5, 6 y al sector comercial e industrial, amenazan con convertirse en una talanquera insalvable para avanzar.
Debo ser enfático: esta medida desesperada, tiene un efecto nocivo y directo sobre la confianza de los inversionistas. En un momento donde el mundo compite por atraer capitales para la transición energética, añadir cargas a la tarifa no es solo una medida impopular, es un mensaje de inestabilidad jurídica.
Al gravar el consumo de la industria y el comercio, estamos restando competitividad a nuestras empresas y enviando una señal de alerta a quienes ven en el Atlántico el lugar ideal para sus macroproyectos.
¿Cómo podemos convencer a un empresario extranjero de apostar por nuestra región si las reglas de juego cambian para llenar vacíos fiscales de un sistema que aún no muestra resultados claros tras su intervención?
Para que el Caribe deje de ser una promesa y se convierta en el verdadero motor energético nacional, no podemos limitarnos a medidas de recaudo. Debemos avanzar con decisión en estos frentes estructurales:
Reforzar el transporte de energía y modernizar subestaciones: contamos con proyectos ambiciosos como el Parque Guayepo y Bosques Solares de Bolívar, pero de nada sirve generar energía limpia si no hay cómo inyectarla al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Hoy, nuestras subestaciones muestran señales críticas de saturación y fragilidad; sin una infraestructura de transporte moderna, el potencial de vientos de hasta 13 metros por segundo y nuestra radiación privilegiada se quedarán atrapados sin llegar a los hogares.
Garantizar liquidez y sostenibilidad a los operadores: es urgente buscar soluciones a los cerca de $25 billones que requiere el sistema, pero un sistema financieramente ahogado jamás podrá modernizarse.
Necesitamos que los operadores tengan el flujo necesario para realizar las inversiones en mantenimiento y expansión que la región clama, sin que esto signifique asfixiar al usuario ni ahuyentar al inversor con sobretasas imprevistas.
Implementar una solución diferenciada para el Caribe: nuestra región tiene una realidad social y térmica distinta al interior del país. La transición debe ser justa. No podemos aplicar fórmulas genéricas cuando somos nosotros quienes aportamos entre el 60 % y 70 % del potencial de renovables de Colombia.
Consolidar una institucionalidad energética estable y técnica: el sector energético no puede estar sujeto a los vaivenes políticos.
Necesitamos una hoja de ruta confiable, de largo plazo, que brinde seguridad jurídica a los inversionistas y asegure que los proyectos de hidrógeno verde y energía eólica marina (offshore) se ejecuten con rigor técnico y no bajo la presión de medidas de choque.
Ese es el camino: el fomento y la inversión, no la imposición de cargas. La transición energética es una realidad en el Atlántico, pero necesitamos que el Gobierno nacional nos vea como aliados estratégicos y proteja el clima de inversión. Sin seguridad para el capital, no habrá energía para el futuro.