Paradójicamente, mientras el país tiembla ante la posibilidad de un apagón, gigavatios de energía, listos para ser construidos o inyectados al sistema por desarrolladores privados, se encuentran completamente represados en los anaqueles de la burocracia. Se instaló la falsa creencia de que la transición energética se consolida expidiendo un decreto semanal, modificando resoluciones vigentes e implementando intrincados parches normativos que solo confunden al mercado. El camino correcto es exactamente el opuesto, porque no se trata de regular más, sino de desregular, simplificar los trámites y hacer cumplir de manera estricta y transparente la Constitución y la Ley.
Un cuello de botella, alarmante, se encuentra en los procedimientos de asignación de capacidad de transporte por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y las operadoras de red (OR). El trámite para que un proyecto de generación eléctrica obtenga su punto de conexión y pueda entregar energía al sistema eléctrico, se ha transformado en una auténtica pesadilla. El Gobierno expide un procedimiento de asignación transitorio que fija nuevos criterios, y meses después modifica las reglas de juego mediante intrincados algoritmos que funcionan como una ‘caja negra’ carente de la más mínima transparencia. Con estos giros normativos imprevistos, el Estado pretende aplicar una política de ‘borrón y cuenta nueva’ que cancela de manera unilateral y retroactiva, los permisos vigentes de proyectos que ganaron su derecho en franca lid bajo marcos legales precedentes. A los proyectos que ya contaban con conceptos aprobatorios de viabilidad técnica emitidos formalmente por los mismos operadores de red en el pasado, se les arrebata su derecho mediante leguleyadas burocráticas y reprocesos innecesarios. Este esquema lesivo vulnera de forma flagrante los pilares constitucionales del debido proceso, el principio de buena fe, la confianza legítima y el respeto ineludible por los derechos adquiridos. Ningún inversionista serio arriesgará capital en un país donde las reglas se modifican retroactivamente cada seis meses.
La solución no radica en inventar un nuevo modelo energético ni en expedir más paños de agua tibia regulatorios, sino en garantizar que se cumpla la Constitución y la Ley. Los funcionarios públicos que se presten a aplicar retroactivamente normas destructoras de valor e inversión privada, deben recordar que el ordenamiento jurídico contempla responsabilidades fiscales, administrativas y disciplinarias directas frente a las futuras demandas que el Estado inevitablemente perderá ante las instancias judiciales, por actuar con ligereza. El nuevo gobierno tiene la oportunidad histórica de corregir el rumbo, abandonar la tramitología estéril, hacer respetar las reglas de juego y permitir que el capital privado salve el sector energético colombiano.
*Especialista en el Sector Energético.